SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1970/2011-R

La acción popular se encuentra como una de las principales innovaciones introducidas en la Constitución Política del Estado, dentro de las garantías constitucionales, como una acción de defensa, que hace posible la materialización de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado y las Leyes, cuando vulneren o amenacen con violar derechos e intereses colectivos; así, el art. 135 de la CPE, dispuso que: “La Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que vulneren o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por esta Constitución.” Por su parte, en el art. 136 constitucional, encontramos características propias de esta acción como la intemporalidad cuando dice que “I. La Acción Popular podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos e intereses colectivos.” En consecuencia, se puede advertir que, “la acción popular es esencialmente preventiva, reparadora, indemnizadora o sancionadora, pues con esta acción no se busca resarcir o castigar por el daño o menoscabo a un derecho o interés colectivo.” (La Jurídica, Revista Boliviana de Derechos Nacional e Internacional. Editorial El Original San José; La Paz-Bolivia. 2011). Así también encontramos el carácter residual cuando afirma que: “Para interponer esta acción no será necesario agotar la vía judicial o administrativa que pueda existir.” Por último, en cuanto a la legitimación activa “II. Podrá interponer esta acción cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad y, con carácter obligatorio, el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo, cuando por el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de estos actos. Se aplicará el procedimiento de la Acción de Amparo Constitucional.”