SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0161/2011-R

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas” (las negrillas son nuestras).

En el presente caso, no es aplicable la sub regla citada, con referencia al límite de tres o cinco días que tienen las autoridades demandadas para señalar audiencia de cesación de detención preventiva, al no existir las particularidades, la complejidad y entre otras cosas, la relevancia constitucional que exige; toda vez que, las autoridades demandadas, conocieron desde el 15 de abril de 2009, los antecedentes del proceso, el 17 del mismo mes y año, conocieron la solicitud de la cesación de detención preventiva y el 22 de abril del referido año, se realizó la audiencia de la acción de libertad, donde dichas autoridades podían comunicar si ya cumplieron con la solicitud del representado por el accionante, pero no lo hicieron, no informaron ni se presentaron a la audiencia, transcurriendo al efecto más de cinco días.