SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0466/2011-R

El recurrente, alega que la autoridad demandada vulneró sus derechos a la “seguridad jurídica”, a la vida, al acceso al trabajo y a un sueldo, a la presunción de la inocencia, a la legalidad de la pena, al debido proceso y a la defensa, porque, producto de un proceso penal instaurado en su contra, fue suspendió de sus funciones sin goce de haberes, excediendo la atribución conferida por el art. 101 de la LOMP que no dispone expresamente su retención. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales o garantías constitucionales del representado del accionante, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.