SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0697/2011-R
Fecha: 16-May-2011
II.1.
II.1. El 10 de noviembre del 2009, el Fiscal de Sustancias Controladas, mediante informe de inicio de investigación, presentado ante el Juzgado Segundo de Instrucción de Puerto Suárez, sostiene que aproximadamente a horas 3:30 del mismo día, a la altura de la tranca de Motacusito arribó al punto de control de la patrulla de UMOPAR un vehículo tipo auto de marca Chevrolet color azul, con placa de control 2319-YRH, sobre el cual, previa advertencia de que se estaba realizando un control rutinario al conductor del motorizado, que se identificó como Edison Gonzales Flores como a sus dos acompañantes que no fueron identificados, procedieron a su requisa, sin embargo los dos acompañantes aprovechando la oscuridad del lugar y la poca visibilidad se dieron a la fuga y no pudieron ser habidas. Posteriormente se encontró en el asiento trasero del mencionado vehículo un maletín color azul, en cuyo interior tenía 11 paquetes con cocaína (10.810 gramos de cocaína), por lo que se procedió al arresto de Edison Gonzales Flores (fs. 24 a 25 vta.).
- I.1.1. Hechos que la motivan
- a)
- “procedente
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de libertad. Su contenido esencial
- a) los atentados contra el derecho a la vida; b) afectación del derecho a la libertad; c) cualquier acto u omisión que constituya procesamiento indebido; d) cualquier acto o omisión que implique persecución indebida.
- se entiende que se produce, por una parte, en los casos en que un juez o tribunal judicial, a tiempo de substanciar un proceso penal, lesiona la garantía constitucional del debido proceso, el mismo que exige que los litigantes tengan el beneficio de un juicio imparcial ante los tribunales y que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, es decir, implica el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, lo que importa a su vez el derecho a la defensa, el emplazamiento personal, el derecho de ser asistido por un intérprete, el derecho a un juez imparcial; y por otra parte, se produce también por la infracción de las disposiciones legales procesales, es decir, los procedimientos y formalidades establecidas por Ley
- como consecuencia del procesamiento ilegal o indebido, se priva materialmente la libertad, pues en caso de no ser así, las deficiencias procesales que desconocen la garantía del debido proceso deben ser corregidas mediante los procedimientos ordinarios establecidos por Ley”.
- no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión, quedando por tanto las demás bajo la tutela que brinda el art. 19 constitucional, que a diferencia del Hábeas Corpus, exige para su procedencia el agotamiento de otras vías o recursos idóneos para lograr la reparación inmediata del acto o la omisión ilegal”,
- a) la protección a las reglas del debido proceso a través del entonces denominado recurso de habeas corpus, cuando estas están directamente vinculadas a la libertad
- es menester señalar además, que para el desarrollo de los presupuestos aplicables al procesamiento indebido como postulado de activación de la acción de libertad, deben considerarse las SSCC 008/2010-R y 080/2010-R, lineamientos que al versar sobre las reglas de subsidiaridad excepcional de la acción libertad, complementan los postulados para la activación de este mecanismo frente a procesamientos indebidos.
- previamente se deben agotar los mecanismos de protección específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, operando la acción de libertad solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas”
- III.3. Análisis del caso de autos
- Se le fija una fianza económica de Bs. 6.000, que debe ser cumplida dentro del plazo de diez días, y por secretaría líbrese el correspondiente mandamiento de detención preventiva del imputado hasta que cumpla con las medidas impuestas y sea recluido en la carceleta de Roboré,
- REVOCAR