ENTENCIA CONSTITUCIONAL 1009/2011-R

Por memorial presentado el 7 de abril de 2010, cursante de fs. 4 a 6, de obrados, los accionantes manifestaron que dentro del proceso civil ejecutivo seguido por Margot Silvia Saavedra Orozco contra María Teresa Borges de Villegas y otros, tramitado en el Juzgado Primero de Partido en lo Civil del Distrito Judicial de La Paz, el juez de la causa ordenó se expida mandamiento de desapoderamiento sobre el inmueble ubicado en el pasaje San Salvador 1035 esquina Jerónimo Soria 1256 de la zona de Miraflores, lugar donde vivían junto a otras personas que ocupaban otros departamentos, por lo que señalan que con todas las actuaciones judiciales del referido proceso debieron ser obligatoriamente notificados.

El 7 del referido mes y año, aproximadamente a horas 9:00, la Oficial de Diligencias del Juzgado Primero de Partido en lo Civil del Distrito Judicial de La Paz, Roxana Castro, comandando un escuadrón de cerca a 20 policías uniformados del Distrito Judicial 2 y en compañía del corecurrido Rodrigo Kurt Pereira Ramallo, quien supuestamente funge como apoderado de la ejecutante, ingresaron violentamente al inmueble ejecutando el desapoderamiento sin que los fallos se encuentren ejecutoriados al existir un recurso de apelación que no fue resuelto.

El abogado patrocinante de Carlos Murillo Herrera, concurrió al lugar para conocer su situación y también para poner en conocimiento a la funcionaria judicial que se encomendó dicho acto, que  nunca  se le había notificado con los resultados de los recursos pendientes y menos con el mandamiento de desapoderamiento; en consecuencia la oficial de diligencias ahora demandada, en una actitud ilegal, arbitraria y delincuencial,  humilló al abogado a viva voz y en forma coordinada con el pseudo apoderado, ordenaron a la policía cerrarle el paso, obstruyendo su derecho de ingresar al inmueble y verificar las diligencias que se cumplieron en el mismo, mientras que el apoderado de la parte contraria comenzó a dar ordenes al personal policial en vista de la Oficial de Diligencias y los efectivos que le obedecieron e inclusive ordenó evitar el paso a su abogado, llevando a cabo de esa manera un acto completamente doloso.

El accionante, Carlos Murillo, ocupaba uno de los departamentos del inmueble cuyo desapoderamiento se inició, al anoticiarse de ese acto se constituyó en su domicilio, pero fue restringido su ingreso por parte de efectivos policiales y del abogado de la parte ejecutante, en ausencia de la Oficial de Diligencias, en presencia de algunas personas que decían ser notarios; empero, cuando regresó dicha funcionaria, a mucha insistencia logró ingresar a su domicilio. Ante esas circunstancias pudo verificar que se hizo presente un ciudadano que procedió a soldar la puerta de ingreso por la calle Jerónimo de Soria, bajo ordenes del abogado de la ejecutante y en presencia de la Oficial de Diligencias, luego se retiraron del lugar; y cuando intentó salir, no pudo, porque habían asegurado con candados  y seguros ambas puertas de la calle, resultando que sus llaves no abrían las cerraduras, quedando encerrado en su propio domicilio; entró en desesperación y pudo verificar que en el interior del departamento del piso superior se encontraba Luis Rolando Villegas Borges, hijo de la propietaria del inmueble, quien de la misma manera fue cerrado dentro su domicilio por la Oficial de Diligencias y el abogado Ramallo, motivo por el cual quedaron privados de su libertad de locomoción.

La Oficial de Diligencias demandada a momento de retirarse no les comunicó que se cambiaron ambas chapas de ingreso, bajo esta circunstancia y además de privarlos de su libertad puso en riesgo la vida y salud de Luis Rolando Villegas Borges, puesto que se encuentra en tratamiento médico, además de estar pasando una situación desesperada por el desapoderamiento, es más se llevaron sus medicinas y sin poder salir se puso en riesgo su vida y su salud; al mismo tiempo, cortaron los cables del servicio telefónico y de esta forma se agravó la situación.