SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0861/2011-R
Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0861/2011-R

Fecha: 06-Jun-2011

III.3. Análisis del caso concreto

En autos, dentro el proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público y “Erika” Verónica Vela Kantuta contra el accionante Benito Miranda Chuca, por el supuesto delito de violación en grado de tentativa y abuso deshonesto, mediante Resolución 14/2010 de 14 de enero, la Jueza Segunda de Instrucción en lo Penal de El Alto del Distrito Judicial de La Paz, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva solicitada por el accionante, considerando que, no se habría desvirtuado los arts. 233.1; 234.4 y 235.2 del CPP, por lo que en atención a dicha Resolución, interpuso la acción que ahora se revisa; sin embargo, en la última parte de la Resolución, previno que la misma podría ser objeto de apelación, de conformidad a lo que establece el art. 251 del CPP; en este sentido, no cabe duda que el recurso de apelación aludido, dada su configuración procesal, es un recurso idóneo e inmediato de defensa contra supuestas lesiones y restricciones al derecho a la libertad de los imputados, en el que el tribunal superior, tiene la oportunidad de corregir, en su caso, los errores del inferior invocados; en consecuencia, conforme la jurisprudencia glosada en los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3, el accionante, previamente a acudir a una acción extraordinaria, en el caso presente, la acción de libertad, y considerar que la Resolución 14/2010 de 14 de enero, que dispuso el rechazo de la solicitud de cesación de la detención preventiva impuesta en su contra, vulneraba alguno de sus derechos fundamentales, debió actuar conforme al art. 251 del CPP (modificado por la Ley 2494 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana), y tal cual lo expresa la Resolución impugnada; consecuentemente, interponer el recurso de apelación incidental que dicha norma le faculta, y que es considerado un medio idóneo, adecuado y apropiado, establecido expresamente en la ley para impugnar las medidas cautelares que vulneren el derecho a la libertad del imputado.