SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1026/2011-R

Sucre, 22 de junio de 2011

Expediente: 2010-21632-44-AL

Distrito: Chuquisaca

Magistrado Relator: Dr. Marco Antonio Baldivieso Jinés

En revisión la Resolución pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Omar Adolfo Krayasich Bacotich contra Ángel Irusta Pérez y Teófilo Tarquino Mújica, Ministros de la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y contra Fernando Antonio Navajas Baldivieso y Marco Ramiro Miranda Guerrero, Vocales de la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la acción

Por memorial presentado el 6 de abril de 2010 (fs. 249 a 258), se apersonó el accionante manifestando lo siguiente:

I.1.1. Hechos que la motivan

El 7 de diciembre de 2004, la empresa “MADEL ABC S.R.L.”, representada por Oscar Samuel Figueroa Espinoza, interpuso en contra suya una querella por la presunta comisión del delito de estafa, y una vez concluida la etapa de la investigación, se formuló acusación en su contra por los delitos de estelionato y estafa agravada, aunque este último acto ilícito no fue investigado por el Ministerio Público, desarrollándose el proceso oral ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Tarija.

Los acusadores particulares no estaban facultados para presentar acusación y proseguir el proceso, ni siquiera para formular denuncias y menos facultar a terceras personas para que inicien proceso penal alguno, porque la persona colectiva “MADEL ABC S.R.L.” había dejado de existir jurídicamente, pues su propia escritura de constitución, de 16 de mayo de 1994, fijaba la vigencia de la misma por el tiempo de cinco años, es decir hasta el 5 de mayo de 1999, pero además por la escritura pública 287/2000, fue legalmente disuelta el 23 de febrero de 2000. Sin embargo, la querella a la que se hace referencia se presentó en diciembre de 2004, a nombre de “MADEL ABS S.R.L.”, cuando esa persona colectiva ya se había extinguido por voluntad de los socios, por lo que planteó la primera excepción de falta de acción, que fue rechazada por Auto Interlocutorio de 23 de noviembre de 2006, aclarando que no fue materialmente notificado con esta Resolución y menos se le entregó la copia de ley, como exige el art. 163 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

Una vez que la imputación fue presentada en su contra por la comisión del delito de estelionato, nunca de estafa, peor aún en su modalidad de agravada, pero estando sometido a un juicio precisamente por el delito de estafa agravada, interpuso una segunda excepción de falta de acción, porque se violentaban sus derechos a la defensa y al debido proceso, habiéndose pronunciado el Auto Interlocutorio de 24 de noviembre de 2006, rechazando la excepción formulada, pero tampoco fue notificado materialmente con esa Resolución, pues no se le entregó la copia de dicho Auto.

Contra las Resoluciones que rechazaron las excepciones, y pese a no haber sido notificado materialmente, se interpuso recurso de apelación incidental, habiendo sido remitido en alzada junto al recurso de apelación restringida interpuesto contra el fondo de la Sentencia 031/2006, por la que injustamente se le condenó a la pena de tres años de presidio. Una vez corrido el trámite de ley, los Vocales ahora demandados dictaron el Auto de Vista 21/2007, de 27 de abril, en el que de manera ilegal e inmotivada pretendieron resolver ambas apelaciones -incidental y restringida- de manera conjunta en una sola Resolución, pronunciándose sólo en la parte considerativa respecto a los fundamentos del Auto Interlocutorio de 24 de noviembre de 2006, soslayando analizar los argumentos del Auto de 23 del mismo mes y año, declarando sin lugar a sus recursos de alzada.

Contra el Auto de Vista 21/2007, que no tomó en cuenta en su parte resolutiva los fundamentos de la apelación incidental contra los Autos Interlocutorios de 23 y 24 de noviembre de 2006, formuló recurso de casación, denunciando como primer agravio la falta de resolución de su recurso de apelación incidental, pero los Ministros hoy coaccionados dictaron el Auto Supremo 644, de 3 de febrero de 2010, por el que admitieron el recurso, pronunciando luego de manera incomprensible el Auto Supremo 21, de 3 de febrero de 2010, por el que declararon infundado el recurso de casación, con argumentos que van contra otros Autos Supremos.

Por lo expuesto, se asevera que los Ministros demandados incurrieron en violación de los derechos del accionante a la defensa, acceso a la justicia y debido proceso, además del principio de igualdad, pues de manera deliberada consintieron el agravio sufrido en el Auto de Vista 21/2007, en el que los Vocales ahora demandados omitieron pronunciarse y resolver en el fondo su recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 23 de noviembre de 2006, relativo a la primera excepción de falta de acción, pronunciándose parcial e inciertamente sobre la segunda excepción de falta de acción junto a la apelación restringida, sólo en la parte considerativa del fallo, pero nunca en la parte resolutiva. De esta manera, los Ministros demandados no cumplieron con lo previsto por el art. 15 de la Ley de Organización Judicial (LOJ), que obliga en casación a efectuar una revisión de oficio de los antecedentes, pero por otro lado, el recurso de apelación incidental y el de apelación restringida merecían pronunciamientos distintos, mediante resoluciones diferente, debidamente fundamentadas, lo que sin embargo no ocurrió. Finaliza haciendo notar que las omisiones en las que incurrieron las autoridades judiciales accionadas pone en riesgo su derecho a la libertad, dado que con los señalados defectos absolutos, se emitió el Auto Suprema 21 que declaró infundado el recurso de casación, y en consecuencia, se confirmó así la injusta pena de cinco años de privación de libertad, restando tan sólo ejecutar ese fallo.

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados

Señaló como vulnerados sus derechos a la defensa y de acceso a la justicia, así como la garantía al debido proceso, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 180.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE), violándose además el principio de igualdad.

I.1.3. Petitorio

El accionante solicitó que se declare “procedente” el recurso y se dejen sin efecto el Auto de Vista 21/2007, de 27 de abril, y el Auto Supremo 21 de 3 de febrero de 2010, dictados por los Vocales y Ministros hoy demandados, respectivamente.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Efectuada la audiencia pública el 8 de abril de 2010, según consta en el acta cursante de fs. 296 a 298 vta., con la presencia de la parte accionante, no así de las autoridades judiciales demandadas ni del representante del Ministerio Público, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la demanda

El abogado y apoderado del accionante ratificó íntegramente los términos de la acción tutelar presentada, agregando que los Vocales ahora demandados, una vez presentadas las apelaciones incidentales, debieron paralizar el proceso y resolver las apelaciones incidentales, y al no haber procedido en ese sentido, incurrieron en defectos absolutos que los Ministros ahora coaccionados debieron corregir al momento de conocer el recurso de casación.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Por informe cursante a fs. 295 y vta. de obrados, los Ministros demandados señalaron lo que sigue: a) A través de esta acción de libertad, se pretende que se deje sin efecto el Auto Supremo 21 de 3 de febrero de 2010, por el cual la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia declaró infundado el recurso de casación interpuesto contra el Auto de Vista 21/2007, emitido por la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la empresa “Maderera del Carpio, Aserradero, Barraca y Carpintería” S.R.L. contra el hoy accionante Omar Adolfo Krayasich Bacotich por los delitos de estafa y estelionato, que declaró haber lugar al recurso de apelación restringida planteado por la mencionada empresa, y sin lugar al recurso interpuesto por Omar Adolfo Krayasich Bacotich, en cuyo mérito amplió la pena impuesta al imputado de tres a cinco años de presidio; y, b) En mérito al Acuerdo de Sala Plena 02/2009, se reconformaron las Salas especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuyo mérito los Ministros accionados pasaron a conformar la Sala Civil Única del Tribunal Supremo de Justicia, siendo otros los Ministros que actualmente conforman la Sala Penal Primera de dicha Corte.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 98/10 de 8 de abril de 2010, corriente de fs. 299 a 305, declaró “improcedente” la acción de libertad, con los siguientes fundamentos: 1) La SC 160/2005-R, expresa que “Se entiende que el procesamiento ilegal o indebido se constituirá en causal de procedencia del recurso de habeas corpus, en los casos en los que como consecuencia del desconocimiento de la garantía del debido proceso, se suprima o restrinja materialmente la libertad física o derecho a la locomoción, pues de no ser así, siempre será posible corregir las deficiencias procesales que vulneren la garantía del debido proceso, mediante los procedimientos ordinarios establecidos por Ley, y no mediante el procedimiento extraordinario como es el habeas corpus”; 2) Por imperio del art. 398 del CPP, la competencia del Tribunal de alzada se limita a resolver los aspectos cuestionados de la Resolución, cuestionamiento que tratándose ya sea de apelaciones incidentales o restringidas, debe circunscribirse a los aspectos apelados, cumpliendo con las normas procesales previstas en los arts. 404 y 408 del CPP; 3) En el presente caso, el accionante cuestiona el hecho de que el Tribunal de apelación, conformado por los Vocales demandados, hubiese omitido pronunciamiento respecto a las excepciones de falta de acción deducidas en el juicio que fue motivo de la apelación incidental. Al respecto, cabe remarcar que el accionante, al interponer el recurso de apelación incidental, si bien anota que impugna los Autos Interlocutorios pronunciados por el Tribunal de juicio el 23 y 24 de noviembre de 2006; empero, en la expresión de agravios y en el petitorio reclama un sólo incidente, sin especificar clara y concretamente contra cuál de los planteados dirige su reclamo. Pese a ello, los Vocales demandados, al emitir el Auto de Vista 21/2007, resolvieron tanto la apelación incidental como la apelación restringida, que fueron planteadas por separado, fallo absolutamente legal y que responde precisamente al motivo del recurso de apelación incidental cuestionado; 4) Respecto al Auto Supremo 21/2010, el accionante asegura que en ocasión de dictar ese fallo, lo Ministros demandados omitieron pronunciarse acerca de uno de los motivos del recurso de casación, como es la no respuesta por parte del Tribunal de alzada a la primera excepción planteada. Sobre el particular, cabe señalar que el recurso de casación, de acuerdo al art. 416 del CPP, procede para impugnar autos de vista que hubieren incurrido en errónea aplicación de la ley o hubiere mantenido los errores de aplicación de la ley o la inobservancia que se hubiere acusado en el recurso de apelación restringida, de manera que el tribunal de casación examina la legalidad del fallo, asegurando la recta y uniforme aplicación de la ley y el control de las formas esenciales del juicio, estableciendo en caso de contradicción, doctrina legal aplicable, o caso contrario declarará infundado el recurso, de acuerdo al art. 419 del CPP. Por otra parte, quien pretende activar el recurso de casación, debe señalar en forma clara la contradicción existente entre el precedente invocado en el recurso de apelación restringida y la sentencia de segunda instancia, lo que en este caso no ha ocurrido, por lo que al declarar infundado el recurso de casación, los Ministros accionados no vulneraron derechos y garantías constitucionales del accionante; y, 5) En cuanto al reclamo de que los Ministros no hubieren obrado en coherencia con la línea jurisprudencial emitida a través del Auto Supremo 562, de 1 de octubre de 2004, cabe destacar que esta doctrina está referida a la ausencia de pronunciamiento por parte de un tribunal de apelación sobre todos los motivos en los que se fundó el recurso de apelación restringida, advirtiendo que en el conjunto de dicho fallo, se haría evidente un vicio de incongruencia omisiva respecto a las cuestiones planteadas por los recurrentes, cuya omisión devendría en un defecto no convalidable. Empero, esa doctrina es inaplicable al caso concreto, porque no se trata de una apelación incidental, además que en este caso no se advierte motivación clara y precisa sobre los motivos que causaren indefensión; en consecuencia, no es evidente que los Ministros de la Corte Suprema ahora demandados hubieren infringido el principio de igualdad, y por tanto, tampoco conculcaron derechos ni garantías del accionante.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional

Dada la carga procesal, mediante Ley 040 de 1 de septiembre de 2010, se ampliaron las facultades otorgadas a este Tribunal por Ley 003 de 13 de febrero de 2010, a objeto de conocer y resolver las acciones de defensa de derechos fundamentales presentadas a partir del 7 de febrero de 2009, es decir bajo el nuevo orden constitucional; por lo que, mediante Acuerdo Jurisdiccional 001/2011 de enero, se procedió a la reanudación del sorteo de causas, por lo que la presente Sentencia es pronunciada dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

Efectuada la debida revisión y compulsa de los antecedentes arrimados al expediente, se llega a las siguientes conclusiones:

II.1. El 7 de diciembre de 2004, Oscar Samuel Figueroa Espinboza, como representante legal de la Sociedad Comercial “MADEL ABC S.R.L.” interpuso querella por los delitos de estelionato y estafa agravada contra Omar Krayasich (fs. 230 a 240), y el 4 de noviembre de 2005, el Ministerio Público presentó imputación formal contra Omar Adolfo Krayasich Bacotich, hoy accionante, por la supuesta comisión del delito de estelionato, solicitando la aplicación de medidas cautelares (fs. 10 a 13).

II.2. El Tribunal de Sentencia Segundo de Tarija dictó el Auto de apertura de juicio el 18 de agosto de 2006 (fs. 247 y vta.), y a través del Auto Interlocutorio de 23 de noviembre de 2006, el mencionado Tribunal de Sentencia rechazó y declaró improbada la excepción de falta de acción interpuesta por el imputado (fs. 119 a 120), y al día siguiente, 24 de noviembre del referido año, el mismo Tribunal rechazó una segunda excepción de falta de acción (fs. 122 a 124); posteriormente, por memorial de 28 de noviembre de 2006, Omar Adolfo Krayasich Bacotich planteó apelación incidental contra los Autos Interlocutorios de rechazo de las excepciones formuladas (fs. 149 a 151 vta.), dictándose el decreto de 22 de febrero de 2007 por el que se dispuso la remisión de la apelación incoada a la Sala Penal de la Corte Superior de Distrito (fs. 152).

II.3. El 11 de diciembre de 2006, el Tribunal Segundo de Sentencia de Tarija pronunció sentencia dentro del proceso penal instaurado por el Ministerio Público contra Omar Adolfo Krayasich Bacotich, declarándole autor de los delitos de estafa y estelionato, condenándole a la pena privativa de libertad de tres años (fs. 132 a 136 vta.).

II.4. Por memorial de 1 de febrero de 2007, Omar Adolfo Krayasich Bacotich formuló recurso de apelación restringida contra la mencionada Sentencia (fs. 140 a 142 vta.) mientras que la parte querellante, a su vez, interpuso similar recurso de alzada el 2 del mismo mes y año (fs. 145 a 146).

II.5. Por Auto de Vista 21/2007, de 27 de abril, la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija declaró “con lugar” el recurso de apelación restringida interpuesto por la parte querellante, y sin lugar el recurso de apelación restringida formulado por Omar Adolfo Krayasich Bacotich, condenando al imputado a cumplir la pena privativa de libertad de cinco años en presidio. En el Considerando IV, se menciona a la apelación incidental formulada por el ahora accionante (fs. 155 vta. a 159 vta.).

II.6. A través del memorial presentado el 8 de mayo de 2007, Omar Adolfo Krayasich Bacotich interpuso recurso de casación contra el Auto de Vista 21/2007 (fs. 162 a 163 vta.), habiéndose pronunciado el Auto Supremo 644 el 6 de diciembre de 2007, por el que la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia declaró la admisibilidad del recurso de casación (fs. 177 a 178).

II.7. El 20 de noviembre de 2008, Omar Adolfo Krayasich Bacotich planteó excepción de extinción de la acción penal por prescripción (fs. 187 a 188 vta.), que fue declarada sin lugar mediante Auto Supremo 431, de 13 de agosto de 2009 dictado por la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia (fs. 204 a 205).

II.8. El 3 de febrero de 2010 se pronunció el Auto Supremo 21, a través del cual la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia declaró infundado el recurso de casación interpuesto por Omar Adolfo Krayasich Bacotich (fs. 207 a 209).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante manifiesta que los Ministros de la Corte Suprema demandados atentaron sus derechos a la defensa, al debido proceso y al acceso a la justicia, señalando que en diciembre de 2004, la empresa “MADEL ABC S.R.L.” interpuso en contra suya una querella por la presunta comisión del delito de estafa, pero en esa fecha la citada persona colectiva había dejado de existir jurídicamente, pues su propia escritura de constitución fijaba la vigencia de la misma por cinco años, es decir hasta el 5 de mayo de 1999, pero además por la escritura pública 287/2000 fue legalmente disuelta el 23 de febrero de 2000. Sin embargo, la referida querella se presentó posteriormente, por lo que planteó una primera excepción de falta de acción, que fue rechazada por Auto de 23 de noviembre de 2006. Luego, una vez que la imputación fue presentada en su contra por la comisión del delito de estelionato, nunca de estafa agravada, interpuso una segunda excepción de falta de acción, pero el 24 de noviembre de 2006 se rechazó esta segunda excepción. Contra ambas Resoluciones de rechazo, presentó recurso de apelación incidental, habiendo sido remitido al Tribunal de alzada junto al recurso de apelación restringida interpuesto contra la Sentencia condenatoria 031/2006, por Auto de Vista 21/2007 de 27 de abril, se declaró sin lugar a su apelación. Contra esta Resolución formuló recurso de casación, pero por Auto Supremo 21, de 3 de febrero de 2010, los Ministros hoy accionados declararon infundado el recurso de casación, sin efectuar una revisión de oficio de los antecedentes y con argumentos que van contra otros Autos Supremos. Corresponde analizar en revisión, si tales aseveraciones son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos a los derechos invocados en la demanda, a fin de otorgar o negar la tutela solicitada.

III.1. Naturaleza jurídica y ámbito de protección de la acción de libertad

La garantía jurisdiccional del hábeas corpus fue consagrada por el art. 18 de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg), actualmente, la Ley Fundamental vigente también la contempla pero con la denominación de acción de libertad (arts. 125 al 127 de la CPE); sin embargo, no se trata de un simple cambio de nomenclatura, sino de una precisión conceptual, pues conforme a la teoría del Derecho Procesal Constitucional, sustituir la denominación de “recurso”, por la de “acción” -además de adecuar la legislación boliviana a la evolución de la doctrina de la materia- implica reconocer a esta garantía como “la facultad de demandar la protección de un derecho ante los órganos jurisdiccionales” o sea “poner en marcha el aparato del Estado para la protección de un derecho conculcado”, en contraposición a la denominación de “recurso” que implicaba considerarla como la simple impugnación o reclamación que, concedida por ley, efectúa quien se considera perjudicado o agraviado por la providencia de un juez o tribunal para que el superior la reforme o revoque y que por ello supone la existencia previa de un litigio (García Belaunde, Domingo. “El hábeas corpus en el Perú”. Universidad Mayor de San Marcos, 1979, p. 108).

La precisión conceptual que implica el cambio de denominación, también conlleva que, englobando el ámbito de protección y las características esenciales del hábeas corpus, la acción de libertad adquiera una nueva dimensión; en ese sentido, se constituye en una garantía jurisdiccional esencial, pues su ámbito de protección ahora incorpora al derecho a la vida -bien jurídico primario y fuente de los demás derechos del ser humano- junto a la clásica protección al derecho a la libertad física o personal, la garantía del debido proceso en los supuestos en que exista vinculación directa con el derecho a la libertad física y absoluto estado de indefensión (SC 1865/2004-R de 1 de diciembre) y el derecho a la libertad de locomoción, cuando exista vinculación de este derecho con la libertad física o personal, el derecho a la vida o a la salud (SC 0023/2010-R de 13 de abril).

Asimismo, la Constitución vigente mantiene las características esenciales del hábeas corpus: El informalismo, por la ausencia de requisitos formales en su presentación; la inmediatez, por la urgencia en la protección de los derechos que resguarda; la sumariedad, por el trámite caracterizado por su celeridad; la generalidad porque no reconoce ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa, y la inmediación, porque se requiere que la autoridad judicial tenga contacto con la persona privada de libertad.

Es importante resaltar que la Constitución Política del Estado vigente, en el marco más amplio que implica la concepción de “acción de libertad” y acorde al principio de progresividad, acentúa algunas de las características anotadas; así por ejemplo, en el caso del informalismo, contempla la posibilidad de presentación oral de la acción de libertad, antes reservada sólo a los supuestos en que la persona fuera menor de edad, incapacitada, analfabeta o notoriamente pobre; en el caso de la inmediación, además de establecer que la autoridad judicial dispondrá que el accionante sea conducido a su presencia, prevé la posibilidad de que ésta acuda al lugar de detención; asimismo, como ya se ha referido, amplía el ámbito de protección, pues la ahora acción de libertad no se limita a la protección de ese derecho, sino que alcanza al derecho a la vida, además de la posibilidad de presentarla también contra particulares (art. 126 CPE).

De este modo, la jurisprudencia desarrollada por este Tribunal para el hábeas corpus, en tanto y en cuanto no se contraponga a la Constitución Política del Estado, es plenamente aplicable a la acción de libertad.

III.2. De la finalidad y los alcances de la acción de libertad

Respecto a la finalidad que se persigue a través de la acción de libertad, así como de los alcances de esta acción tutelar, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado a través de la SC 0900/2010-R de 10 de agosto, señalando lo siguiente: “La jurisprudencia desarrollada por este Tribunal, estableció a través de la SC 0011/2010-R de 6 de abril, que:' La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, si es que se halla en peligro a raíz de la supresión o restricción a la libertad personal, sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE.

Ampliando los alcances de esta acción tutelar, la SC 0023/2010-R de 13 de abril, señaló que: “…la nueva Constitución Política del Estado, es más amplia en cuanto a su ámbito de protección, pues éste se extiende al derecho a la vida, y en cuanto al derecho a la libertad, en ambos casos, de manera expresa en la Constitución Política del Estado vigente, la protección está destinada al derecho a la libertad física o personal, aclarándose que el Tribunal Constitucional extendió la protección en el hábeas corpus a la libertad de locomoción, en algunos supuestos como los contenidos en las SSCC 0823/2001-R, 1034/2001-R, 1336/2001-R y 0316/2002-R.

Si bien el art. 125 de la CPE, se podría concluir que el objeto de tutela de la acción de libertad es el derecho a la libertad física, a la vida, y al debido proceso, cuando existe vinculación con el derecho a la libertad y excluir de su ámbito de protección al derecho de locomoción. Sin embargo, dada la íntima relación que existe entre esos derechos, es posible tutelar también al último de los nombrados, en aquellos casos en los que el derecho de locomoción está vinculado directamente con la libertad física o personal, o con el derecho a la vida o la salud…' ” (las negrillas nos corresponden).

III.3. Sobre la acción de libertad y las lesiones al debido proceso

Se podrá alegar la vulneración al debido proceso dentro de una acción de libertad, cuando se presenten las condiciones que la jurisprudencia constitucional ha establecido. Así, en la SC 0381/2010-R de 22 de junio, se señala lo siguiente: “(…), este Tribunal ha entendido que las vulneraciones al debido proceso deben ser reclamadas ante los jueces y tribunales ordinarios, correspondiendo a éstos en primer término repararlas, por lo que solamente en defecto de estos y agotados los medios se podrá acudir a la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, hoy acción de amparo constitucional para ese fin. Sin embargo, en ese mismo sentido ha anotado que, excepcionalmente, se podrá reclamar vulneraciones al debido proceso por la vía del hábeas corpus, hoy acción de libertad, cuando tales vulneraciones pusieron al recurrente, hoy demandante, en absoluto estado de indefensión. En ese sentido, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, señaló que: "…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad”.

“Posteriormente, precisando ese entendimiento, el tribunal señaló que:… para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad" “(SC 0619/2005-R de 7 de junio) (las negrillas son nuestras).

Por consiguiente, y conforme a la abundante jurisprudencia constitucional, “la protección que brinda el recurso de hábeas corpus, en cuanto al debido proceso se refiere, no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión, correspondiendo en los casos no vinculados a la libertad utilizar las vías legales pertinentes” (las negrillas son nuestras) (SC 0219/2004-R de 12 de febrero). Por consiguiente, el debido proceso es tutelable por la vía del recurso de hábeas corpus, hoy acción de libertad, únicamente cuando: “...a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad” (las negrillas nos corresponden) (SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre).

De la jurisprudencia precedentemente glosada, se tiene que, cuando se pretende conseguir la tutela constitucional respecto al debido proceso a través de la acción de libertad, necesariamente se deben dar los dos presupuestos exigidos: a) La actuación ilegal denunciada debe estar vinculada con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión, y b) Debe existir absoluto estado de indefensión, de manera que el accionante no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro de un proceso.

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante invoca como vulnerados sus derechos a la defensa, al debido proceso y al acceso a la justicia. Sin embargo, de acuerdo a los antecedentes procesales, se constata que dentro del proceso penal instaurado en contra suya por el Ministerio Público, el accionante asumió plena defensa, interponiendo la excepción de falta de acción en dos oportunidades ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Tarija, las mismas que fueron rechazadas por Resoluciones de 23 y 24 de noviembre de 2006, respectivamente. Contra estas Resoluciones de rechazo de excepciones, formuló recurso de apelación incidental, y posteriormente, una vez que se dio lectura a la Sentencia 031/2006, dictada en su contra, planteó apelación restringida. Los recursos de apelación fueron elevados ante la Sala Penal de la Corte Superior de Tarija, emitiéndose el Auto de Vista 21/2007 de 27 de abril, a través del cual se declaró sin lugar a su apelación. Contra esta Resolución formuló recurso de casación, pero a través del Auto Supremo 21, de 3 de febrero de 2010, los Ministros demandados declararon infundado el recurso de casación.

Del resumen efectuado, queda demostrado que el derecho a la defensa invocado haya sido vulnerado, mas por el contrario, se hizo amplio uso de los recursos ordinarios que la ley prevé en su defensa. Asimismo, tampoco se vulneró su derecho de acceso a la justicia, concretamente su derecho de acceso a los medios de impugnación, pues como se tiene resumido, tuvo oportunidad de ser escuchado por los Jueces de primera instancia, por los de alzada y finalmente por el Tribunal de casación.

Por otra parte, el accionante señala además como vulnerado el debido proceso, pero al respecto, conviene recordar que el ámbito de protección de esta acción tutelar, como se encuentra configurada en la Ley Fundamental, tutela evidentemente la garantía al debido proceso, siempre y cuando esté necesaria y directamente vinculada al derecho a la libertad física o personal, además de tener que presentarse cuando la persona se encuentre en total estado de indefensión, condiciones que, como ya se tiene expresado, no se presentan en el presente caso, porque por una parte, el Auto Supremo 21 dictado por los Ministros ahora demandados, no tiene directa relación con el derecho a la libertad del accionante, mientras que por otro lado, éste asumió plena defensa dentro del proceso penal de referencia, pues además de haber formulado excepciones, planteó recurso de alzada y de casación.

En tal sentido, la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, al declarar “improcedente” la demanda de acción de libertad, ha evaluado en forma correcta los datos del proceso y empleado las normas aplicables al presente caso.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confiere el art. 3 de la Ley 040 de 1 de septiembre de 2010, que modifica el art. 4.I de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, en revisión resuelve: APROBAR la Resolución 98/10, de 8 de abril de 2010, cursante de fs. 299 a 305, pronunciada por la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.

Fdo. Dr. Juan Lanchipa Ponce

PRESIDENTE

Fdo. Dr. Abigael Burgoa Ordóñez

DECANO

Fdo. Dr. Marco Antonio Baldivieso Jinés

MAGISTRADO

Fdo. Dr. Ernesto Félix Mur

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños

MAGISTRADA