SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1204/2011-R

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Simeón Paredes Salluco, por la presunta comisión de los delitos de “uso indebido de influencias” y otros, que en un principio se tramitó ante el Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal del Distrito Judicial de La Paz y posteriormente a conocimiento de su homólogo Noveno, la primera autoridad judicial indicada dispuso su libertad, a través de la Resolución 72/2010 de 11 de febrero; fallo que fue recurrido de apelación por el Fiscal de Materia asignado al caso, remitiéndose consecuentemente obrados a conocimiento de la Sala Penal Primera de la Corte Superior del mismo Distrito Judicial.

Radicada la causa los Vocales de la indicada Sala señalaron la audiencia respectiva; sin embargo, la notificación con este actuado procesal se diligenció en otro lugar; circunstancia que -a decir del accionante- fue determinante para que las autoridades demandadas pronunciaran el Auto de Vista 163/2010 de 17 de marzo, imponiendo la detención preventiva de su representado, bajo el único fundamento de la inconcurrencia del imputado, quien no asistió al referido acto procesal a consecuencia de la errónea notificación, por lo que tampoco ejerció defensa material ni técnica contra la pretensión del Fiscal, asignado al caso.

Continua indicando que posterior a que denunciara los hechos referidos en una anterior acción de libertad, cuyo resultado fue de “improcedencia” -según lo resuelto por el Tribunal de garantías-, Simeón Paredes Salluco se declaró en la clandestinidad, y posteriormente interpuso un memorial “de fs. 19” ante el “Juez de la causa”, solicitando la nulidad de su notificación y posteriores actuados de obrados, autoridad judicial que resolvió indicando que todos los incidentes y excepciones se consideraría en la audiencia conclusiva de la etapa preparatoria. En este contexto y asumiendo que la decisión de la referida autoridad judicial no admitía medio impugnatorio alguno, activó la jurisdicción constitucional a través de una acción de amparo que fue rechazada, por no tutelar el derecho a la libertad.

Finalmente, enfatiza que su denuncia actual, también radica en las anómalas e irregulares notificaciones practicadas por la Oficial de Diligencias codemandada, que provocaron su indefensión y concluyeron en la emisión del Auto de Vista 163/2010 de 17 de marzo, que tampoco pudo impugnar por desconocer su contenido.