SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1663/2012

Mediante resolución fundamentada se le impuso medidas sustitutivas a su detención preventiva, entre otras, una fianza económica de Bs200 000.-(doscientos mil bolivianos), que no pudo pagar por carecer de recursos económicos, razón por la cual en audiencias posteriores, la referida fianza fue modificada en dos oportunidades; pretendiendo lograr sea calificada en Bs50 000 (cincuenta mil bolivianos), por el principio de igualdad con relación a los otros coimputados, que desde hace años atrás gozan de libertad, presentó al efecto certificado del Instituto de Reforma Agraria(INRA) en sentido de que las tierras donde trabaja son inembargables, empero, las autoridades demandadas rechazaron su petición de modificación de fianza. Así, realizando esfuerzos acudió a terceras personas para que le afiancen, ofreciendo en primera instancia el inmueble de Carmen Trigo Vásquez Vda. de Villavicencio, que le fue rechazada por haber afianzado a otro imputado, acompañando el avalúo catastral y real o valor comercial; ante ello, posteriormente ofreció el inmueble de Martina Tórrez Mancilla de Poma, adjuntando de igual manera el avalúo catastral y real o valor comercial emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, acreditando que los valores referidos sobrepasan el de la fianza.

Refiere que, posteriormente pidió la realización de un peritaje, que no fue objetado por el querellante ni el Ministerio Público; sin embargo, no obstante de haber cumplido con todas las normas fue rechazado con el argumento que el mismo fue presentado por el perito fuera del plazo legal, solicitando por ello, un segundo ante el Tribunal de Sentencia Penal de turno, durante la vacación judicial; pero, al retornar los Jueces del Tribunal Cuarto de Sentencia Penal, apartándose del último peritaje que no fue objetado, no dieron curso al ofrecimiento de fianza, aduciendo que este incumplía con lo determinado por el art. 244 del Código de Procedimiento Penal (CPP), toda vez que consideraban que se tenía que tomar en cuenta el avalúo catastral inicialmente acompañado, dejándolo de esta manera en completo estado de indefensión, debido a la mala apreciación de la prueba, sin tener presente que se encuentra detenido por casi cinco años lo que en función a lo previsto por el art. 133 del CPP, daría lugar a la extinción de la acción penal a ser declarada inclusive de oficio. Al haber actuado de esta forma, se ha atentado contra sus derechos al debido proceso, derecho de locomoción, igualdad jurídica respecto de los coimputados y presunción de inocencia, convirtiéndose en una condena anticipada, por cuanto si bien existe un fallo, empero no está ejecutoriado al haber sido objeto de apelación restringida, por lo que considera está ilegal e indebidamente detenido en el penal de “San Sebastián” varones.