SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1808/2012

Jorge Torrez Ordoñez, instauró un proceso penal en su contra, el cual radicó en el Juzgado Primero de Sentencia Penal; una vez concluido dicho proceso en primera instancia, se emitió la Resolución de 20 de julio de 1997, en la cual, se le condenaba a la pena privativa de libertad de tres años y seis meses, misma que fue dictada bajo el anterior sistema legal, luego de los recursos pertinentes la misma fue confirmada con valor de cosa juzgada en lo que concierne a la parte punitiva. Por descuido del Ministerio Público y la parte querellante, el mencionado fallo y el mandamiento de condena no fueron ejecutados en el plazo fijado por ley; por ello inicialmente, mediante su apoderado y, posteriormente de manera personal, formuló excepción de prescripción de pena, misma que mereció la Resolución Fiscal de 18 de enero de 2010 y, finalmente, el Auto de 10 de marzo de mismo año, declarando la extinción de la pena, dejando sin efecto el mandamiento de condena.

Por memorial de 23 de abril de 2010, solicitó la cancelación de sus antecedentes penales emergentes del proceso cuya pena fue extinta por prescripción, fundamentando su petición mediante los arts. 117.II y 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) vigente, artículos que taxativamente determinan que la rehabilitación de los derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de la condena, entendimiento que operó implícitamente con la extinción de la pena por prescripción mediante pronunciamiento del Ministerio Público; sin embargo, el Juez de Sentencia Penal, Sustancias Controladas y Liquidador, mediante Auto de 18 de septiembre de 2010, rechazó la cancelación de antecedentes solicitada, apoyando su postura al tenor del arts. 441.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP) vigente. De lo que establece que la resolución del juzgador resulta ilegal, arbitraria y perjudicial a sus derechos constitucionales.