SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1808/2012

Otro derecho que se ve afectado por un antecedente penal, es el de ejercer la función pública, que de acuerdo a lo que determina la SCP 0567/2012 de 20 de julio, explica que: “…el derecho a ejercer la función pública, se encuentra ligado al derecho a la ciudadanía, consagrado en el art.144 de la CPE, derecho que tiene doble dimensión, por una lado consiste en el derecho de concurrir como elector o como elegible y por otro es el derecho al ejercicio de funciones en los órganos de la administración pública, salvo las excepciones establecidas por la ley, sin más requisitos que los contenidos en el art. 234 de la Norma Suprema”.

Dentro de ese contexto, la sociedad en su continua lucha por alcanzar la justicia se ha empeñado en desarrollar los conceptos democráticos de igualdad, equilibrio, rehabilitación y reinserción social, dando muestra de que en toda sociedad debe existir estos principios que caracteriza al ser humano por encima de todas las especies yendo a la par con el proceso evolutivo en todas sus formas. A raíz de estos principios de característica democrática, el ser humano ha creado en su entorno social sistemas que permitan alcanzar la aplicación de estos principios, constituyéndose en los mecanismos que tiene la sociedad para lograr el respeto a los derechos consagrados en la Norma Suprema de un Estado de derecho; de tal forma podemos entender que esos principios sociales encajan en el desarrollo de cualquier Estado que se denomine democrático, donde la dignidad humana se sobreponga a cualquier tipo de estigmas que transgredan la igualdad de sus ciudadanos, abriendo paso a la constitución de un engranaje público basado en principios que acogen el interés general y por ende el bienestar social.