AUTO CONSTITUCIONAL 0171/2012-RCA-SL
Fecha: 30-Nov-2012
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan.
Por memorial de 13 de diciembre de 2011, cursante de fs. 210 a 226, la parte accionante interpuso acción de amparo constitucional, dentro el proceso de asistencia familiar, contra Sandra Gladys Aldayuz Avilés y Wilfredo Núñez Camacho Jueces Segunda y Cuarto de Partido de Familia respectivamente; Betty Nogales Bohórquez y Juan Quiroga Ortiz, ex y actual Juez Tercero de Instrucción de Familia todos del Distrito Judicial -hoy- Departamental de Chuquisaca, quienes supuestamente vulneraron los derechos del menor NN, instituidos en los arts. 15.I, 16.I, 17 18.I y II, 19.I, 35.I, 60, 108.9, 112, 149 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 58, 59, 115 y 119 de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg); 12 de la Convención Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 27 e la Convención sobre los Derechos del Niño.
- acción de amparo constitucional
- I.1. Síntesis de los hechos que la motivan.
- afectada solicitó mandamiento de apremio, librado el 4 de mayo de 2009
- formuló incidente de “nulidad de citación con la demanda”
- apeló dicho auto que fue rechazado, por supuesta extemporaneidad; inmediatamente interpuso el recurso de compulsa
- En ese sentido, la Jueza A quo, mediante Auto 473 de 20 de mayo de esa gestión, persistió en su decisión de supuestos cobros dobles de asistencia y dio curso a la observación realizada por la apoderada del demandado a la plantilla de liquidación
- I.2. Derechos supuestamente vulnerados
- I.3. Petitorio
- improcedente in limine
- II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN
- II.1. Aplicación de la Ley 1836 para la liquidación de acciones tutelares ingresadas hasta el 31 de diciembre de 2011
- Fragmento 12
- Fragmento 13
- II.3.
- II.4. El principio pro actione en la etapa de admisibilidad
- Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones
- admisión que encuentra fundamento constitucional en los arts. 13.I y III; 256 de la CPE y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos
- Fragmento 18
- 96 de la LTC, lo que implica un plano de análisis distinto al de los requisitos de admisión
- Fragmento 20
- II.6.
- III. Exposición con precisión y claridad de los hechos
- IV. Precisión de los derechos o garantías que considera restringidos, suprimidos o amenazados
- VI. Fijar con precisión el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o la garantía vulnerados o amenazados
- II. Nombre y domicilio de la autoridad demandada
- V. Acompañar las pruebas en que se funda la pretensión
- POR TANTO