SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2076/2012

Basilio Méndez, codemandado, mediante su abogado, en audiencia manifestó: 1) El accionante expresa que él y otros, tienen su domicilio en el lugar avasallado; sin embargo, el Código Civil señala que el domicilio de la persona individual es donde tiene su residencia; 2) Como prueba se presentaron títulos de propiedad y fotografías donde lo único que se ve es monte, no existen carpas o lo que pudieran llamar un domicilio; 3) Las diligencias fueron practicadas en ese lugar, pero no conforme manda el procedimiento, que es personal o por cedula; 4) Las notificaciones fueron dejadas a personas que no son demandadas, careciendo de contenido de forma la presente acción; 5) Su defendido se enteró por casualidad y mediante un vecino del lugar que fue demandado; sin embargo, no sabe nada de los lotes; 6) No se presentó prueba alguna que acredite que ellos son parte del avasallamiento, conforme el art. 77.5 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTCP), y en la prueba que acompaña, no muestra un poste o alambrado que se haya tumbado; 7) Existe falta de legitimación pasiva, debiendo estar dirigida la demanda contra las personas que hubieren cercenado su derecho constitucional; 8) El art. 128.2 de la CPE, prescribe que la acción podrá interponerse en el plazo de 6 meses; los esposos Bejarano viven en el lugar ocho años, tienen su vivienda y domicilio en ese lugar, situación que certifica el Presidente de la OTB de ese barrio y la fotografía, donde existe un domicilio que no es de reciente construcción, son personas que también están protegidas por el ordenamiento jurídico, tienen la posesión conforme el art. 100 del Código Civil (CC), existe una supuesta eyección de hace diez años, encontrándose la acción fuera de los seis meses; y, 9) La acción de amparo constitucional no es subsidiaria de ningún otro recurso, por lo que el accionante lo primero que debió hacer al comprar ese bien, era ver por quien está posesionado y la forma como sacarlo.