SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2318/2012

Los precitados razonamientos, nos permiten colegir que, en cuanto al debido proceso se refiere, la tutela que otorga la presente acción de defensa extraordinaria, procede únicamente en los casos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción; de no ser así, las lesiones acusadas con referencia al debido proceso, deben ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, de donde se infiere que la persona que considera haber sido objeto de lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios para que aquellos, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, sean quienes lo reparen y sólo agotados los mecanismos intra procesales idóneos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional, como medio efectivo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones invocadas, se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de garantías y el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso, prospere a través de la acción de libertad, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional” (negrillas añadidas).