SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2349/2012

El 16 de noviembre de 2007, sus progenitores Ubaldo Rojas Sejas y Juana Rojas Ríos de Peredo, le transfirieron un lote de terreno agrícola ubicado en la población de Pilancho, provincia Chapare del departamento de Cochabamba con una superficie de 7.700 m², que fue inscrito en la oficina de Derechos Reales (DD.RR.) de Sacaba; empero, sus hermanos al fallecimiento de su padre le iniciaron una demanda ordinaria de nulidad de transferencia ante el Juzgado de Partido Mixto y de Sentencia Penal de Sacaba, en el que suscribió un documento transaccional por el cual se consignó que el precio fue ínfimo y no correspondía a su valor legal, habiéndose desistido de la demanda y archivada la causa conforme a derecho.

Luego, el 7 de julio de 2010, su madre presentó querella en su contra en la Fiscalía de Ivirgarzama por estafa con el argumento que cuando realizó la venta pensó que era para todos sus hijos, consiguiendo que sea citado por la mencionada autoridad; una vez realizada su declaración, en el que dejó constancia que no existía dolo sino que fue la última voluntad de su padre, ya que sus hermanos fueron beneficiados con herencias, logró que el 13 de octubre de ese año, el Fiscal de Materia de Ivirgarzama, rechace la querella fundamentándola en el sentido de que se debe acudir a la vía civil en razón a que no existen elementos suficientes que demuestren que es con probabilidad el autor del delito que se le acusa por tratarse de un terreno que está inscrito en DD.RR. de Sacaba.

Sin embargo, ésta fue impugnada logrando obtener la revocatoria del rechazo de la querella mediante Resolución 545 de 12 de abril de 2011, determinándose la prosecución de las investigaciones hasta que se determine si existió delito de estafa, habiéndose determinado de manera sorpresiva su imputación por parte del Fiscal de Materia, Darwin Salazar Araoz -hoy autoridad demandada-, que pidió su detención preventiva a pesar de existir en el “cuadernillo” de investigaciones elementos que acreditan que cuenta con familia, domicilio y ocupación, encontrándose así indebidamente procesado y perseguido.