SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2460/2012
Fecha: 22-Nov-2012
1)
Teresa Aguilera Antunez, Presidenta de la Asociación de Comerciantes Minoristas Feria “La Fortuna”, como tercera interesada, presentó informe escrito cursante de fs. 71 a 73, manifestando lo siguiente: 1) En 1997 se realizó la construcción de un inmueble destinado a la actividad comercial de la Asociación de Comerciantes Minoristas Feria “La Fortuna”, la construcción se realizó con la Empresa Constructora Tercons Ltda., con el financiamiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jisunu Ltda., bajo la modalidad de subrogación de deuda; sin embargo, con el transcurrir del tiempo se incorporaron otros copropietarios mediante la compra directa a la entidad financiera y al constructor, sin cumplir los requisitos de ser comerciantes; 2) A partir de ello existen cuatro grupos de copropietarios, la Empresa Constructora del edificio que se reservó ciertas áreas como de su exclusiva propiedad, la entidad financiera que se adjudicó ciertas cantidades de locales mediante remate por créditos no pagados; otro grupo de copropietarios creados por aquellos que adquirieron sus locales directamente del constructor y de la entidad financiera y el cuarto la asociación que preside; 3) Los cuatro grupos de copropietarios conformaron una “Asociación de Copropietarios del edifico la Fortuna”, y una vez aprobados los Reglamentos y Estatutos, conformaron un Comité Electoral para llevar adelante la elección de un nuevo Directorio que integre a todos los copropietarios; y, 4) Una vez realizada la elección, en lugar de posesionar al frente ganador, de forma arbitraria e inaudita el Comité Electoral pretendió tomar sus oficinas, enseres y equipos para entregarlos al candidato de su preferencia, y al ver frustrados sus intenciones procedieron a cerrar con cadenas y candados los predios impidiendo realizar las labores de administración.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- improcedente
- II.1.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc.
- Lo señalado implica que la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse en un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar la tutela”
- III.2. Sobre la imposibilidad de dilucidar hechos controvertidos en la acción de amparo constitucional
- el recurso de amparo constitucional es un mecanismo instrumental para la protección del goce efectivo de los derechos fundamentales por parte de las personas, por tanto protege dichos derechos cuando se encuentran consolidados a favor del actor del amparo, no siendo la vía adecuada para dirimir supuestos derechos que se encuentren controvertidos o que no se encuentren consolidados, porque dependen para su consolidación de la dilucidación de cuestiones de hecho o de la resolución de una controversia sobre los hechos;
- el orden constitucional reconoce el derecho de reunión y asociación
- dado que del mismo se desprende el derecho a conformar una estructura organizativa encargada de ejecutar sus fines específicos; por lo tanto, involucra el derecho a ocupar un cargo directivo dentro de la asociación ejercer, previo cumplimiento de la normativa legal vigente, así como de su normativa interna
- En consecuencia, los procesos eleccionarios dentro de las asociaciones deben estar acorde de un lado, a la normativa legal vigente del país, y de otro, a la interna de la propia asociación; esto es, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por cada una de ellas, resguardando la observancia de los derechos y garantías constitucionales inherentes a la condición de asociado, desde su doble perspectiva
- III.4. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR