SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2467/2012
Fecha: 22-Nov-2012
a)
a) Ivonne Agreda Rodríguez, en su condición de Responsable Distrital de Cochabamba del Régimen Disciplinario del Consejo de la Judicatura, el 30 de agosto de 2010, convocó a Dimitri Marañon Cornejo para constituir Tribunal Sumariante, sin cumplir con lo establecido en el art. 89.I del Reglamento de Procesos Disciplinarios del Poder Judicial (RPDPJ), que dispone que el Tribunal debe estar conformado por tres miembros; efectuándose el inicio del proceso administrativo contra el accionante el 31 de agosto de 2010; b) Disuelto el primer Tribunal Sumariante por desvinculación laboral de sus miembros, German Pardo Uribe en su condición de responsable de la Unidad de Régimen Disciplinario, mediante Auto de 20 de enero de ese mismo año, convocó a Jhonny Rocha Jiménez para conformar dicho Tribunal, al respecto el accionante alegó que no se le notificó con el referido Auto, vulnerando de esa forma su derecho al debido proceso ya que no le dieron oportunidad para impugnar dicha disposición; c) El Tribunal Sumariante emitió la Resolución 02/2011 de 1 de febrero, que dispuso la destitución del ahora accionante, prescindiendo el requisito de la conformación de ese Tribunal con tres miembros; además no se valoró debidamente la prueba y fundamentó el fallo con normas no aplicables al caso concreto; y, d) El pleno del Consejo de la Magistratura, emitió la Resolución 18/2012 de 27 de febrero, que confirmó la referida Resolución 02/2011, sin la debida fundamentación, incumpliendo lo que dispone el art. 56 RPDPJ, respecto al accionante.
- acción de amparo constitucional
- a)
- I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
- 1)
- I.2.3. Intervención del tercero interesado
- Improcedente”
- II.1.
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional y excepciones al principio de subsidiariedad
- III.2. Debido proceso
- III.3. Derecho a la defensa
- III.4. Legitimación pasiva de los entes colegiados
- III.4. La acción de amparo Constitucional en relación al juez natural
- en ese sentido, debe precisarse que la protección del tercer componente del juez natural, es decir el referente a la competencia en cuanto a los supuestos de hecho antes descritos; es decir, usurpación de funciones que no estén establecidas por ley, ejercicio de potestad administrativa que no emane de la ley, resoluciones judiciales emitidas en ejercicio de Jurisdicción que no emane de la Ley o pronunciadas por autoridad jurisdiccional suspendida en el ejercicio de sus funciones o que hubieren cesado en las mismas; se encuentran resguardados específicamente por el recurso directo de nulidad”
- ..corresponde unificar al juez natural y su tutela a través de la acción de amparo constitucional de forma que en los procesos judiciales y administrativos todo acto sin competencia o jurisdicción que puedan afectar al juez competente como elemento del juez natural debe tutelarse por los recursos ordinarios previstos por el legislador y agotados los mismos, siempre y cuando exista vulneración a derechos y garantías mediante acción de amparo constitucional y no por el recurso directo de nulidad, lo contrario afectaría las competencias naturales de los jueces y autoridades naturales competentes entendimiento que por el principio pro actione y de favorabilidad deberá aplicarse a los casos en tramitación...
- Fragmento 19
- la interpretación de la legalidad ordinaria corresponde a la jurisdicción común y que si bien a la jurisdicción constitucional le corresponde verificar si en esa labor interpretativa no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; no es menos cierto que el demandante o accionante debe invocar y fundamentar cuáles fueron las infracciones a las reglas de la interpretación admitidas por el derecho; (…)
- a menos que dentro de esa valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsible para decidir o cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
- III.8. Análisis del caso concreto
- acción tutelar esté dirigida contra todos los miembros que asumieron dichas decisiones y, por lo mismo, se constituyan en agraviantes de los supuestos actos lesivos denunciados”
- CONFIRMAR