El suscrito Magistrado expresa su disidencia con lo resuelto en la SCP 2619/2012 de 21 de diciembre, por los siguientes fundamentos de orden constitucional y legal.
Fecha: 21-Dic-2012
II.4. La Constitución Política del Estado y la normativa sobre el principio de la estabilidad laboral
El Derecho del Trabajo, es una norma de orden público y además debe proteger a los trabajadores y las trabajadoras, basado sobre principios de aplicación preferente de la normativo que favorezca y proteja al trabajador, entre ellos la normativa contenida en la Constitución Política del Estado en un Estado Constitucional de Derecho, que tiende a preservar las garantías de los derechos laborales reconocidos en los Tratados Internacionales y reitero, en la Constitución Política del Estado y normas conexas; en ese sentido se han desarrollado varios principios del Derecho del Trabajo, buscando que el Estado en su aplicación sea más eficiente en las relaciones laborales, donde los administradores de justicia laboral tengan los mecanismos que les permita solucionar los conflictos con más certidumbre.
Así, respecto al principio de estabilidad laboral la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, ha establecido que: “El principio de la estabilidad laboral. Denominado también como principio de la continuidad de la relación laboral, que manifiesta el derecho que tiene el trabajador de conservar su empleo durante su vida laboral, salvo que existan causas legales que justifiquen el despido. Constituyen causas legales que justifican el despido según nuestra legislación vigente, las establecidas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo y el art. 9 de su Decreto Reglamentario (DR). Este principio encuentra su fundamento en que la estabilidad de la relación laboral da seguridad y confianza al trabajador al permitirle continuar con su trabajo que le genera un salario para la satisfacción de sus necesidades familiares, al mismo tiempo beneficia a la parte empleadora porque contribuye al mayor rendimiento del trabajador como resultado de su experiencia laboral. Finalmente beneficia a la sociedad mejorando el bienestar social, ya que la inestabilidad en el trabajo crea problemas sociales colaterales como la desocupación, pobreza, delincuencia y otros.
Este principio expresa la necesidad social de atribuirle una larga duración a las relaciones de trabajo y de proteger al trabajador contra el despido arbitrario e injustificado por parte del empleador, protege uno de los derechos fundamentales del trabajador cual es el derecho al trabajo, que precisamente es atacado por el fenómeno de la globalización ya que los empleadores exigen el libre despido para hacer frente a las fluctuaciones del mercado (Quintanilla Calvimontes Gonzalo, Pizarro Patricia, Quintanilla Alejandra, Derecho Individual del Trabajo).
En este contexto de carácter doctrinario, nuestra legislación con el objeto de otorgar una efectiva protección jurídica al trabajador, ha incorporado los referidos principios en el art. 48.II de la CPE, que establece: 'Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”'. En este mismo sentido el DS en su art. 4 ratifica la vigencia plena en las relaciones laborales del principio protector con sus reglas del in dubio pro operario y de la condición más beneficiosa, así como los principios de continuidad o estabilidad de la relación laboral, de primacía de la realidad y de no discriminación. Por su parte el art. 11.I del citado precepto establece: 'Se reconoce la estabilidad laboral a favor de todos los trabajadores asalariados de acuerdo a la naturaleza de la relación laboral, en los marcos señalados por la Ley General del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias'”.
- Partes: Erwin Salazar Cabrera, Sergio Víctor Aliaga Chávez
- I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
- a)
- 1)
- II.2. Debido proceso en el ámbito administrativo
- El debido proceso, es el derecho de toda persona a un proceso justo, ante el juez natural previamente determinado, proceso que deberá ser llevado a cabo sin dilaciones de una manera equitativa a procesos instaurados a sus pares, dentro del cual se garantice al administrado o procesado la certeza de una notificación con la totalidad de la sindicación a efectos de una defensa efectiva, permitiendo ser escuchado, presentar pruebas, impugnar, el derecho a la doble instancia, presentar las excepciones que correspondan a criterio suyo, sobre las cuales en todos los casos deberá existir pronunciamiento expreso del tribunal o autoridad a cargo del proceso disciplinario
- En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia;
- II.3. Derecho a la defensa
- II.4. La Constitución Política del Estado y la normativa sobre el principio de la estabilidad laboral
- II.5. Normativa legal en relación al despido injustificado
- II.6. La conminatoria de reincorporación del trabajador emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social al empleador, ante un despido injustificado
- II.7. Análisis del caso concreto