SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2594/2012

Su representada fue denunciada por Mario Limariño Castillo, por el supuesto delito de estafa; debido a que, al suscribir un documento de préstamo entre ambos con garantía hipotecaria, el nombre de ésta se encontraba incompleto, error que cometió el Notario de Fe Pública a momento de protocolizar ese documento.

Alega que nunca existió engaño, dolo, u otro tipo de artimaña que busque eludir la deuda con el denunciante; sin embargo, de manera infundada y con excesiva fundamentación, su representada fue imputada por el Fiscal de Materia; es así que, la autoridad ahora demandada, llamó a audiencia de consideración de medidas cautelares, a la que no pudo asistir por su delicado  estado de salud, extremo que fue debidamente acreditado y probado por el certificado médico correspondiente, pero que no fue tomado en cuenta por la autoridad mencionada; la misma que, procedió de manera insolente y soberbia en audiencia en la que ni siquiera lo dejaron tomar asiento como abogado de la imputada; por todo lo expuesto, solicitó se proteja el derecho a la libertad, a la libertad de locomoción, al debido proceso y a la defensa de su representada.

Denunció que la autoridad demandada, demostró un claro objetivo de favorecer a la parte denunciante, dado que suspendió la audiencia de medidas cautelares en forma abrupta y sin considerar el justificativo legal presentado, consistente en un certificado médico; el cual, manifiesta la imposibilidad de su representada de salir de su casa por encontrarse postrada en cama con un cuadro diabético descompensado, mismo que pone en peligro su vida. En esa audiencia y sin declaratoria en rebeldía, dispuso un ilegal mandamiento de aprehensión sin una correcta fundamentación, ausente de los razonamientos lógicos y científicos que motivaron esa decisión.