SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0013/2012

La Constitución Política del Estado dentro de su concepción garantista, ha introducido una diversidad de mecanismos procesales de defensa tendientes a efectivizar los derechos y garantías constitucionales; en este orden la acción de libertad contemplada en el art. 125  de la CPE ha sido instituida como un medio de defensa de los derechos y garantías a la libertad y a la vida, derechos reconocidos por la misma Ley Fundamental mismos que no pueden ser vulnerados o restringidos sin una justa razón o previo cumplimiento de las formalidades legales al efecto establecidas por la normativa  procesal penal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Asimismo, el art. 65 de la LTCP determina que: “La acción de libertad es una acción constitucional extraordinaria de tramitación sumarísima que tiene por objeto la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida a la libertad física y a la locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de estos derechos, en los casos en que sean restringidos suprimidos o amenazados de restricción o supresión”.

Del marco normativo constitucional descrito; se infiere que la acción de libertad constituye una acción de defensa de jerarquía constitucional que tiende a garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la libertad personal y de locomoción, extendiendo su ámbito de protección a la vida cuando esta se encuentra afectada por la restricción o supresión de la libertad, vale decir que esta acción hace frente a una situación de arbitrariedad emergente de autoridades y/o particulares; que el órgano jurisdiccional que conozca de una acción de esta naturaleza, ordene el cese de la persecución indebida o el restablecimiento de las formalidades legales y guarde la tutela a la vida y en su caso, restituya el derecho a la libertad.