AUTO CONSTITUCIONAL 0459/2012-CA

Por memorial presentado el 20 de abril de 2011, cursante de fs. 23 a 31, dentro del proceso penal por la presunta comisión del delito de estelionato seguido por el Ministerio Público y la Unidad Operativa de Servicios de TRANSNAVAL, por los recurrentes solicitan promover el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad, en contra del art. 1 de la Ley 007 que modifica los arts. 11, 53, 54, 210, 222, 223, 226, 233, 234, 235, 235 ter, 239, 240, 242, 243, 252, 253, 300, 301, 321, 323, 325, 329 del Código de Procedimiento Penal (CPP), argumentando que vulnera los arts. 23.I, 116, 117 y 119 de la CPE.

De la relación fáctica del proceso, argumentan que el 4 de octubre de 2007 se llevó la audiencia de aplicación de medidas cautelares, por el cual se determinó su detención preventiva, en aplicación del Código de Procedimiento Penal, sin que estuviera vigente, las modificaciones al procedimiento, incorporadas por la Ley 007, que agravó los presupuestos que hacen procedente su detención preventiva, pretendiendo que estos sean aplicados a las causas que se iniciaron incluso con anterioridad a la referida Ley. Posteriormente el 8 de octubre solicitan la cesación y modificación de las medidas cautelares, habiéndose dispuesto medidas sustitutivas, decisión que fue retardando la efectivización de su libertad y más aun considerando que el juicio no fue afectado retroactivamente por las modificaciones de la Ley mencionada, en cuyo efecto el Tribunal determinó que era aplicable esta norma. 

Arguyen que la “prisión” preventiva, constituye una limitación normativa y objetiva para el Estado y sus legisladores, que antes de adoptar esta medida se debería aplicar la presunción de inocencia y el respeto a la libertad, como garantías constitucionales plasmadas en el art. 116 de la CPE, vulnerado al disponer la detención preventiva a la sola emisión de una resolución condenatoria del Juez ad quo. Finaliza indicando que de aplicarse retroactivamente el art. 1 de la Ley 007, lesionaría el art. 123 de la CPE, y por consiguiente, su derecho a la libertad, a la defensa, a la igualdad procesal y presunción de inocencia.