SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0136/2012

El Juzgado Segundo de Partido de la Familia Niñez y Adolescencia de Quillacollo, pronunció la Resolución de 17 de febrero del 2012, cursante de fs. 20 a 23 vta. denegando la acción de amparo constitucional formulada por Ricardo Padilla Espinoza contra Wilson Canaviri Gamboa, con los siguientes argumentos: a) La petición, no ha sido dirigida a la autoridad municipal tal cual prescribe el espíritu de la Ley de Municipalidades, reclamando un derecho a la vida humana, a la salud y a la alimentación; b) Respecto a la supuesta vulneración del derecho a la conexión de agua potable, no ha acreditado su derecho propietario, o en que calidad se encuentra viviendo en dicho domicilio, lo que impide determinar si materialmente han existido los hechos denunciados, por lo que existe duda razonable sobre el derecho propietario; c) Respecto a la vulneración del derecho a la petición, se tiene como antecedentes las literales presentadas por el accionante, sin respuesta alguna por parte de la autoridad a quien se encuentra dirigida, por lo que corresponde aplicar la SC 1843/2011-R, con referencia a la línea jurisprudencial asumida en cuanto al silencio administrativo negativo y su relación con el derecho a la petición, pues se tiene señalado que la falta de respuesta, sea positiva o negativa, a una solicitud dentro el ámbito administrativo (sea a nivel gubernamental u otro en el que las normas administrativas las alcance: Ley de Municipalidades, Ley de Procedimientos Administrativos; Ley 2066, etc.), no constituye una vulneración al derecho de petición, máxime si por mandato legal el silencio administrativo constituye una respuesta a lo solicitado, por lo que la regla de la subsidiaridad contenida en el art. 6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) no ha sido superada; d) En cuanto a la tutela que solicita el accionante, que es la inmediata conexión domiciliaria del servicio de agua potable en su domicilio, por competencia y jurisdicción de un Tribunal de garantías, no corresponde, toda vez que solamente puede disponer la tutela y restitución de derechos y garantías constitucionales; ordenar una inmediata conexión domiciliaria corresponde a otras instituciones; y, e) El pago de costas, daños y perjuicios, se da en ejecución de sentencia y una vez otorgada propiamente dicha tutela o restitución de derechos y garantías constitucionales.