SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0289/2012

Del 2004 al 2009, mantuvo relación contractual de préstamo de dinero con Dolly Lorena Velásquez Gamón; con quien el 12 de febrero de 2010, suscribieron un documento de depósito de dinero, estableciendo como fecha límite el 12 de abril del mismo año. Empero, al no haber cumplido con el acuerdo, la mencionada le inició acción penal el 14 del mismo mes y año, por delitos de estafa, estelionato y falsedad ideológica; emergente de la cual, el 25 de mayo de ese año, el Fiscal asignado al caso, por Resolución 01/2011, decretó sobreseimiento a su favor, “ya que no se ha podido establecer la intención dolosa y premeditada en que habría incurrido el imputado” y que los hechos analizados no corresponderían a materia penal sino civil.

La impugnación de la querellante, no fue notificado con la Resolución 131/2011 de 20 de junio, emitida por la Fiscal Departamental -ahora demandada-, que revocó el sobreseimiento, sin la debida fundamentación y obviando valorar pruebas producidas en la investigación, como establece el art. 124 del Código Procedimiento Penal (CPP). Así, en dicha Resolución, se ordenó que en el término de diez días de notificado el Fiscal proceda a requerir la acusación, lesionando sus derechos al debido proceso y a la defensa, por cuanto se emitió resolución donde no se efectúa ninguna subsunción de la conducta supuestamente relacionada con tipos penales previstas en el Código Penal, omite valorar pruebas que desvirtúan las falsas sindicaciones en su contra y pese a haberse presentado el cuaderno de investigación para su valoración, fue ignorado por la autoridad demandada.