SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0404/2012

En audiencia el accionante, a través de su abogado, amplió los argumentos de su demanda, de la manera siguiente: 1) Solicitó, en forma escrita, se le provea fotocopias legalizadas de las denuncias que sustentan su despido, con la finalidad de asumir defensa, empero, lo único que pudo recabar fueron simples negativas, por cuanto el Rector primero indicó que presentó un informe, acompañando toda la prueba documental al Director de Educación Superior; sin embargo, acudiendo a ésta autoridad, la misma le expresó que debía recurrir ineludiblemente al Rector porque era él quién tomó la determinación del cese de sus funciones; 2) Presentándose personalmente ante el Rector demandado, éste le dio una respuesta “leonina” dado que le entregó una documentación él acompañó en calidad de prueba: una nota de 9 de marzo de 2010 en la cual expresó que en forma “artera” se trata de soslayar la petición que hizo, sin responder ni otorgar la documentación requerida; y, 3) Por último expresa, que se reserva el derecho de asumir acciones contra la decisión asumida por el Rector con relación a su despido; empero, lo que reclama en la presente acción tutelar es que se le dote de esa prueba para poder proceder conforme a ley.

En audiencia aclaró que cuando presentó un oficio al Servicio Departamental de Educación (SEDUCA) solicitando la entrega de la documentación remitida por el INCOS, ellos argumentaron que la misma debía ser otorgada por dicho Instituto y no por ellos que sólo recibieron un informe, esto de acuerdo al art. 400 del Código de Procedimiento Civil (CPC), que determina que los que deben expedir documentación son los tenedores de los originales.