AUTO CONSTITUCIONAL 0079/2012-RCA

          Conforme establece el art. 128 de la CPE, se tiene que “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”; en ese mismo sentido, el art. 129.I de la misma norma constitucional, prevé que esta acción “…se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo a la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos y amenazados”.

          En tal sentido, la acción de amparo constitucional configurada como una acción tutelar y como una garantía procesal de carácter instrumental, tiene por finalidad la protección inmediata y eficaz de los derechos y garantías constitucionales restituyéndolos en aquellos casos en los que sean amenazados, suprimidos, restringidos por actos u omisiones ilegales, indebidos de los servidores públicos, de persona individual o colectiva, siempre que no hubiere otro medio, recurso legal para su protección; constituyéndose, en un mecanismo jurisdiccional de protección de derechos y garantías fundamentales, de tramitación sumarísima, por lo tanto, de protección inmediata, exenta de dilaciones que puedan afectar su prosecución y sustanciación de forma pronta y oportuna.