Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia
AUTO CONSTITUCIONAL 0029/2012-RCA-SL
Fecha: 17-Ago-2012
I.3. Petitorio
Solicitan se admita la acción y se conceda la tutela, ordenándose dejar sin efecto el voto resolutivo de 10 de noviembre de 2010, resolución originaria 01 de 23 de diciembre del mismo año y la notificación 3/11 de 24 de diciembre de ese año; así como el acta de abandono de 8 de enero de 2011, el acta de conciliación de 9 del mismo mes y año y el acta de posesionamiento de 10 del citado mes y año y cualquier otro referido a la expulsión de Benita Ichuta Ichuta y Feliciano Ichuta Aspi. Asimismo, se solicita se ordene la restitución de todos sus derechos en la comunidad y la reconstrucción de su casa, además respetar la condición de mujer de Benita Ichuta Ichuta y de adulto mayor de Feliciano Ichuta Aspi.
- revisión
- I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
- IMPONE LA EXPULSION DEFINITIVA “SIN DERECHO A INDULTO A TODA LA FAMILIA”
- I.2.
- I.3. Petitorio
- improcedencia in limine
- I.
- II.
- in limine
- II.2. Procedimiento aplicable en la tramitación de la acción de amparo constitucional
- es un verdadero proceso de naturaleza constitucional
- 1)
- por lo que la observancia del principio de inmediatez vinculado con el plazo de caducidad de la acción de amparo constitucional, debe ser resguardada en etapa de admisibilidad como regla general aplicable a todos los casos, salvo el supuesto en el cual, en esta etapa, ya sea ante instancias del juez o tribunal de garantías o en conocimiento de la causa por la Comisión de Admisión en fase de admisibilidad, se genere una duda razonable sobre una lesión manifiesta y “grosera” a derechos fundamentales que en un análisis de fondo de la problemática, podría implicar la aplicación del principio de justicia material a la luz de la pauta de interpretación denominada pro-actione.
- II.3. La duda razonable para la aplicación del principio pro-actione en la etapa de admisibilidad
- el pluralismo constituye el elemento fundante del Estado
- principio de aplicación directa de la Constitución.
- el principio de aplicación directa de la Constitución, obliga al contralor de constitucionalidad a materializar el fenómeno de irradiación de esta Constitución axiomática y dogmático-garantísta
- se genere una duda razonable
- cuando en un caso concreto, exista una duda razonable sobre una lesión manifiesta y “grosera” a derechos fundamentales, en etapa de admisibilidad y en aplicación de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, deben flexibilizarse ritualismos procesales para que en un análisis de fondo de la problemática, el control de constitucionalidad, mediante la metodología de la ponderación aplicable al caso concreto, pueda en esa problemática, asegurar una justicia material, admisión que encuentra fundamento constitucional en los arts. 13.I y III; 256 de la CPE y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones que constituyen la fuente normativa para la aplicación del principio pro-actione.
- II.4. Análisis del caso concreto
- POR TANTO