AUTO CONSTITUCIONAL 0029/2012-RCA-SL

En el caso que se dilucida, los accionantes denuncian que por una decisión de la Comunidad de Yauriri-San Juan, todos los miembros de su familia fue violentamente expulsados de la comunidad, desposeídos de sus tierras y pertenencias y sometidos a actos violentos y arbitrarios por autoridades originarias, en ese orden, por la gravedad de las denuncias en el caso concreto, en etapa de admisibilidad, ante la Comisión de Admisión de la Sala Liquidadora, se ha generado una duda razonable sobre una lesión manifiesta y “grosera” a derechos fundamentales que en un análisis de fondo de la problemática, podría implicar la aplicación del principio de justicia material a la luz de la pauta de interpretación denominada pro-actione, duda razonable que encuentra fundamento en la denuncia de la parte accionante que señala que, el 8 de enero de 2011, luego de cometer abusos físicos contra su padre anciano y después de trasladar sus animales a una propiedad vecina, con violencia, se ingresó a su vivienda y se llevó a todos los integrantes de su familia “amarrados” a la iglesia del pueblo, lugar en el cual, fueron amenazados de ser quemados y fueron además mantenidos en calidad de detenidos durante toda la noche, decidiendo las autoridades demandadas, incrementar la multa en contra de los accionantes a Bs70.000.

Asimismo, genera una duda razonable en cuanto a la existencia de una manifiesta vulneración a derechos fundamentales, la denuncia de la parte accionante, que señala que los ahora demandados, en fecha 9 de enero de 2012, los obligaron a firmar un acta de conciliación, que establecía una cesión de tierras a cuenta de la multa impuesta y la obligación de abandonar la Comunidad en veinticuatro horas, haciéndoles poner sus huellas digitales por la fuerza, luego de lo cual, los comunarios hubieran realizado una marcha para que los accionantes abandonen la comunidad, tomando posesión de sus tierras y pertenencias, destrozando por completo la casa y los bienes de la familia.  

En base a estos antecedentes, en el caso concreto, en etapa de admisibilidad, por la duda razonable antes expuesta, debe flexibilizarse el principio de caducidad aplicable a la acción de amparo constitucional, para que la causa sea admitida de manera excepcional, para un ulterior análisis de fondo de la problemática.