SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0738/2012

De la documentación que informan los antecedentes del expediente, se evidencia que habiéndose presentado el memorial de solicitud de cesación de su detención preventiva el 22 de febrero 2012, el Juez providenció dicho memorial señalando audiencia para el 26 de abril del mencionado año; es decir, dos meses después de lo solicitado, actitud que implica una dilación innecesaria, injustificada e ilegal en el proceso, lesionando y poniendo en riesgo el derecho a la libertad del detenido.

Por lo señalado precedentemente, la exigencia de señalar audiencia dentro del plazo de tres días, conforme al Fundamento Jurídico III.4 del presente falló se hace más imperioso en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas y resueltas de forma inmediata, puesto que si bien no existe una norma que establezca un plazo, se ha determinado que éste debe ser “razonable”, no obstante a ello, no es cumplido por los operadores de justicia, dilatando indebidamente la tramitación de la solicitudes a la cesación de la detención preventiva, lesionando con ello el derecho a la libertad personal del detenido.

Por lo mencionado, se concluye que el Juez Tercero de Instrucción en lo Penal, ahora demandado, al haber providenciado el señalamiento de audiencia de cesación de detención preventiva y programado la audiencia en un plazo no razonable, no ha cumplido lo preceptuado por nuestra economía procesal penal ni ha efectuado una adecuada compulsa de los antecedentes y de las normas aplicables al caso, incumpliendo de ese modo su “obligación”.

Por otra parte el Tribunal de garantías ha incumplido con el mandato constitucional, al no señalar la audiencia de la presente acción dentro las veinticuatro horas de interpuesta la misma, de la revisión de los antecedentes del proceso se evidencia que ingresó el 3 de mayo de 2012 a horas 18:10 (fs. 1), debiendo señalarse audiencia para el 4 de mayo de igual año, pero se programa para el 7 del mismo mes y año (fs. 26); asimismo en la Resolución de 7 de mayo de 2012, pronunciada por el Tribunal de garantías, se evidencia contradicciones, y falta de coherencia en sus argumentos de orden legal.