SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0746/2012

Refiere que, la Resolución emitida por las autoridades jurisdiccionales ahora codemandadas, es nula, con la siguiente fundamentación: a) La audiencia de apelación de cesación a la detención preventiva, fue sustanciada en su ausencia, porque los demandados no emitieron la respectiva orden de salida al penal de San Pedro, para que asuma defensa material en este actuado procesal; b) La Resolución por la que se dispuso la cesación de su detención preventiva fue apelada por el representante del Ministerio Público; radicada la causa en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se suspendió la audiencia programada para el 26 de marzo de 2012, a solicitud del representante del Ministerio Público por su ausencia, al encontrarse en el penal de San Pedro, señalándose una nueva para el 2 de abril de igual año, la que se desarrolló en su ausencia; y, c) El Ministerio Público no presentó prueba objetiva para demostrar que el riesgo procesal dispuesto en el art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), se mantenga subsistente, por lo que las autoridades demandadas emitieron una Resolución sin la debida fundamentación, al no acreditarse objetivamente la concurrencia del peligro de obstaculización en el caso de autos; además, de ultra petita por aumentar un riesgo procesal que no fue observado por el Ministerio Público y que no fue objeto de apelación; asimismo, el fallo no consigna la debida individualización en razón de ser dos los imputados que se beneficiaron con la cesación a la detención preventiva y a los que se les revocó su libertad.

El accionante, indica que las autoridades jurisdiccionales demandadas, vulneraron sus derechos invocados en la demanda, por cuanto: a) En audiencia de apelación de la cesación de su detención preventiva, no emitieron la respectiva autorización de salida al recinto penitenciario de San Pedro, donde se encuentra cumpliendo detención preventiva, para que pueda presentarse y asumir defensa material; y, b) Emitieron la Resolución 31/2012 de 2 de abril, por la que declararon admisible la apelación presentada por el representante del Ministerio Público, y revocaron la Resolución 185/2012 de 12 de marzo, que dispuso medidas sustitutivas a su detención preventiva, manteniendo firme y subsistente la Resolución 417/2011 de 24 de septiembre, que ordenó la medida cautelar restrictiva de su libertad, sin que el fallo impugnado tenga la debida fundamentación que prevé el art. 124 del CPP; además, no valoraron que sólo se apeló respecto a lo dispuesto por el art. 235.2 del CPP, actuando de manera ultra petita al considerar el riesgo procesal establecido en el art. “235.10” del mismo Código. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.