SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1124/2012

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por el entonces Tribunal Constitucional, realizó una interpretación pedagógica sobre el alcance del principio de inmediatez, estableciendo su comprensión desde un punto de vista positivo y otro negativo, ello en función a la esencia protectora de derechos y la objetividad de los hechos que debe ponerse a consideración del Juez o Tribunal de garantías, así la SC 0921/2004-R de 15 de junio, expresó: “…el Tribunal de amparo hizo una incorrecta interpretación de la naturaleza jurídica y alcances del principio de inmediatez, cabe aclarar que dicho principio tiene dos elementos; uno positivo, lo que significa que el amparo constitucional es una vía tutelar para la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados por actos u omisiones ilegales o indebidas, lo que implica que esta vía se activa inmediatamente de haberse producido la lesión, sino hubieren otras vías, o de haber agotado las vías legales ordinarias idóneas y efectivas si es que existen; y otro negativo, lo que significa que la persona titular de los derechos fundamentales vulnerados, debe activar inmediatamente el amparo constitucional, no dejando pasar lapsos de tiempo prolongados que la hagan ineficiente a esta vía tutelar; a cuyo efecto este Tribunal ha establecido, por vía jurisprudencial un plazo razonable de seis meses “ (las negrillas son nuestras).

Similar criterio contiene la SC 0852/2010-R de 10 de agosto, haciendo referencia a la SC 1157/2003-R de 15 de agosto, al señalar que: “...el principio de preclusión de los derechos para accionar, pues por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos”.

Por regla general el transcurso del tiempo tiene vital importancia en los diversos campos del derecho, así por ejemplo en el derecho civil el dejar transcurrir el tiempo puede tener dos efectos, la extinción de un derecho cuando su titular no los ejerce en el tiempo previsto por ley art. 1492 del Código Civil (CC) o la constitución de un derecho por el transcurso del tiempo art. 134 del CC; por otro lado, en la jurisdicción penal el tiempo tiene un rol importante en el instituto jurídico de la prescripción -art. 29 del Código de Procedimiento Penal (CPP)-. Con el mismo sentido, el transcurso del tiempo en el ámbito del derecho constitucional, también tiene efectos, como ocurre en el caso que se analiza, entre el momento en que se presentó esta acción de defensa y el momento en que se hubo causado la vulneración de derechos.