SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1673/2013
Fecha: 04-Oct-2013
concedió
La Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, constituida en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 36/2013 de 19 de julio, cursante de fs. 35 a 36 vta., por lo que concedió la tutela solicitada, disponiendo que : i) El demandado Juan Acosta Callaú, extienda en el plazo de tres días, a partir de su legal notificación, lo solicitado por el accionante, “Bajo prevención legal prevista por la disposición final cuarta de la Ley 254 (Código Procesal Constitucional) que modifica el art. 179 bis del Código penal en caso de resistencia a esta resolución de Amparo Constitucional…” (sic); y, ii); Sin costas por existir un informe con documentación respaldatoria extendida por el nombrado, del que se advierte la intención de cumplimiento de lo peticionado, aunque de forma incompleta, no fundamentada ni oportuna; en base a los siguientes fundamentos: a) La línea jurisprudencial definida por el anterior Tribunal Constitucional a través de la SC 0090/2011-R de 21 de febrero, expreso “…que la finalidad esencial del mismo, radica en la obtención de una respuesta formal y pronta a lo que se tiene peticionado, lo cual no necesariamente puede ser de carácter positivo o favorable, sino también puede ser de carácter negativo o de rechazo, siempre y cuando sea fundamentada. En consecuencia, se entiende que la misma debe contener una decisión de fondo respecto a lo peticionado, proporcionando certeza y certidumbre respecto a lo que se le responde” (sic); b) Distintas organizaciones sociales entre ellas la COD-Beni, evidentemente no son instituciones que prestan servicios públicos a la comunidad; no obstante, son agrupaciones de trabajadores de carácter particular, estructuradas para la defensa de intereses económicos comunes de sus asociados o gremio, así como para encarar los problemas sindicales sobre criterios políticos, el mejoramiento material de la vida de sus componentes, su elevación intelectual o moral, la protección contra los infortunios. Estas organizaciones sociales, si bien no prestan servicio público; sin embargo, a pesar de las funciones específicas que desempeñan, no dejan de estar comprendidos en los alcances de lo establecido por la SC 0085/2012-R de 11 de octubre, para ser sujetos de derechos y obligaciones como el responder oportuna y fundamentadamente a una petición, en consideración a que de su respuesta o postura asumida, depende una situación jurídica o el ejercicio de un derecho del peticionante; y, c) Si bien el máximo dirigente departamental de la COD es miembro y dirigente de una organización sindical, de acuerdo a la jurisprudencia mencionada, no está exento de la obligatoriedad del cumplimiento de deberes constitucionales.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- a)
- 1)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.4.
- II.5.
- III.1. La acción de amparo constitucional, su naturaleza jurídica
- Fragmento 11
- establecer una línea jurisprudencial amplia y protectora con relación a los actos de particulares que tengan como consecuencia la lesión de derechos fundamentales
- os derechos fundamentales, informan de contenido no solamente la esfera pública, sino también todos los actos, cláusulas y contenidos de ámbitos privados o corporativos, en cualquiera de sus formas o constitución jurídica
- principio de aplicación directa de la Constitución'.
- la validez real y material de la irradiación de los derechos fundamentales y de los valores justicia e igualdad en la vida social, es decir, en actos públicos y privados, está garantizada por el principio de razonabilidad, el cual a su vez constituye un presupuesto esencial para el ejercicio del control de constitucionalidad'.
- el principio de razonabilidad
- III.3. Del derecho de petición ante particulares
- Bajo esos razonamientos y en una interpretación favorable del art. 24 de la CPE del Estado a la luz de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, se concluye que cualquier vulneración al derecho de petición, puede ser oponible también frente a particulares a través de la acción de amparo constitucional
- Fragmento 19
- En cuanto a su contenido esencial, la Constitución hace referencia a una respuesta formal y pronta, entendiéndose que ésta, entonces debe ser escrita, dando una respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de plazos previstos en las normas aplicables o, a falta de éstas, en términos breves, razonables.
- el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa'.
- También recordó que forma parte de su contenido esencial el derecho a una respuesta motivada,
- Lo que significa que debe existir una respuesta material a la solicitud
- necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley
- a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión'”
- la formulación de una solicitud en forma escrita no es exigible, pues la Constitución expresamente establece que la petición puede ser escrita u oral'.
- se debe precisar que ésta no es una exigencia del derecho de petición, pues aún cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia,
- corresponde señalar que dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios
- para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión al derecho de petición, es exigible: 1. La existencia de una petición oral o escrita; 2. La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y 3. La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”
- Fragmento 30
- III.5. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR en todo