SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1701/2013
Fecha: 10-Oct-2013
III.3. Análisis del caso concreto
En el caso que se examina, el accionante denuncia la vulneración del derecho a la petición y a la defensa, manifestando que en reiteradas oportunidades solicitó al Director Nacional a.i. del INRA, que disponga su legal notificación con la Resolución final de saneamiento correspondiente a sus predios “La Selva” y “La Nueva Selva”, así como la extensión de fotocopias legalizadas de toda la carpeta de saneamiento, solicitudes que no merecieron ninguna respuesta escrita y formal por parte de la citada autoridad así como de la Dirección General de Saneamiento del INRA Nacional de la sección Santa Cruz Norte; razón por la que recurrió ante el Juez Décimo de Instrucción en lo Civil y Comercial del departamento de La Paz, reiterando su petitorio a través de una orden judicial, el cual fue negado por la autoridad jurisdiccional; como resultado de tal negativa, acudió mediante cartas ante la Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, así como ante el Viceministro de Tierras a objeto de viabilizar su solicitud, no habiendo obtenido hasta la fecha de presentación de la presente acción una respuesta positiva a sus solicitudes.
Ahora bien, de los antecedentes que cursan en el expediente, se evidencia que el accionante presentó dos memoriales el 19 y 27 de julio de 2012, dirigidos al Director Nacional a.i. del INRA, solicitándole la notificación tanto con la Resolución final de saneamiento RASS 1363/2010, correspondiente al predio denominado “La Nueva Selva”, así como con la nota de titulación DCS-ESP-CI 477/2010, referida al predio “La Selva”, pidiéndole además fotocopias legalizadas de toda la carpeta de saneamiento de los predios, petitorios que no fueron atendidos por la citada autoridad, a pesar de haber señalado domicilio procesal. De igual forma, tampoco obtuvo respuesta luego de presentar una carta notariada dirigida a la misma autoridad, reiterando su petitorio y exigiendo el cumplimiento de la normativa administrativa.
Por otra parte, el Juez Décimo de Instrucción en lo Civil y Comercial, a través del proveído de 21 de enero de 2013, no dio curso al memorial del accionante mediante el cual solicitaba orden judicial para que el Director del INRA acceda a sus requerimientos; acudiendo finalmente ante la Ministra de Desarrollo Rural y Tierras a través de las cartas de 30 y 31 del mismo mes y año, a objeto de que los personeros de la Dirección Nacional del INRA, dependientes de esa cartera de Estado, den estricto cumplimiento a la normativa administrativa y otorguen una respuesta a su solicitud impetrada.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- I.2.1. Ratificación de la acción
- 1)
- i)
- concedió en parte
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.5.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc.
- III.2. Sobre el derecho de petición: su contenido y alcances
- En cuanto a su contenido esencial, la Constitución hace referencia a una respuesta formal y pronta, entendiéndose que ésta, entonces debe ser escrita, dando una respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de plazos previstos en las normas aplicables o, a falta de éstas, en términos breves, razonables”
- el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa”
- de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, se tendrá como se dijo vulnerado el derecho”
- Lo que significa que debe existir una respuesta material a la solicitud
- necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley
- a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión´”
- la formulación de una solicitud en forma escrita no es exigible, pues la Constitución expresamente establece que la petición puede ser escrita u oral.
- se debe precisar que ésta no es una exigencia del derecho de petición, pues aún cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario;
- corresponde señalar que dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios (…) ;
- para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión al derecho de petición, es exigible: 1. La existencia de una petición oral o escrita; 2. La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y 3. La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”
- III.3. Análisis del caso concreto
- se evidencia que lo que se cuestiona no es la propiedad de aquellos predios, sino simplemente la obtención de una respuesta escrita por parte de las autoridades demandadas, a sus solicitudes: i) Notificación con la Resolución Final de Saneamiento; y, ii) Extensión de fotocopias legalizadas.
- CONFIRMAR