SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2172/2013

Sin embargo, dicho entendimiento fue precisado a través de la SCP 2193/2012 de 8 de noviembre, que señaló:“…cuando no exista inicio de investigación y tampoco presunta comisión de un delito, corresponde a la justicia constitucional resolver la acción de libertad, toda vez cuando la Policía Boliviana o la Fiscalía cometieran actos u omisiones arbitrarios que lesionen del derecho a la libertad, y aún no se hubiese comunicado sobre el inicio de investigaciones, no se puede denunciar estos hechos a un Juez cautelar de turno, ya que éste no ha adquirido competencia, excepto en los casos, en que se haya dado aviso del inicio de investigación o si no se dio este aviso, exista una vinculación con la presunta comisión de un delito, casos en los cuales si se debe previamente acudir al Juez cautelar de turno” (las negrillas y subrayado nos pertenecen).

Por otra parte, conforme establecen los arts. 54.1 y 279 del CPP, el Juez Instructor es el encargado del control jurisdiccional de la investigación y específicamente de los actos del Ministerio Público y de los funcionarios policiales, desde las actuaciones iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, determinando que toda persona que considere la existencia de una acción u omisión que vulnere su derecho a la libertad dentro de la investigación, debe acudir ante la mencionada autoridad jurisdiccional, para que sin demora se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de su arresto o aprehensión y ordene lo que en derecho corresponda y sólo en caso que la supuesta lesión no se repare, se activará esta acción tutelar.