SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0173/2013
Fecha: 19-Feb-2013
1)
Por otra parte, Beatriz Loza Durán, Secretaria del Juzgado Primero en lo Penal, manifestó que: 1) El 25 de septiembre de 2012, tanto los Juzgados Primero y Tercero de Instrucción en lo Penal, dispusieron la detención preventiva de la accionante y por confusión de los custodios del Tribunal Departamental de Justicia, la misma fue remitida sólo con el mandamiento emitido por el Juzgado Tercero de Instrucción en lo Penal y no así del Juzgado Primero; 2) El 12 de noviembre de igual año, se encontraba en suplencia de su similar Tercero, quien dispuso en audiencia conclusiva la libertad de la ahora accionante; sin embargo, el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal, señaló audiencia para el 15 de noviembre del mismo año, a horas 09:05 para considerar la homologación en la que se dispuso la orden de salida; y, 3) A través de un funcionario del Juzgado, convocó a los custodios, para que se dé cumplimiento al mandamiento emitido el 25 de septiembre de 2012, por el Juez suplente, por lo que considera que no se ha vulnerado derecho a la locomoción y que además carece de ejecución pasiva para el planteamiento del mandamiento de libertad.
La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos, a la libertad y seguridad personal, a ser informado, al debido proceso y al acceso a una justicia imparcial, pronta, transparente y oportuna; toda vez, que: 1) La autoridad demandada a pesar de existir el requerimiento conclusivo de extinción por conciliación dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato ordenó su detención preventiva; 2) Siendo así, que la funcionaria policial la detuvo sin ninguna explicación, manteniéndola incomunicada; y, 3) Cuando solicitó a través de su abogado los motivos de la detención la Secretaria del Juzgado le mostró el mandamiento de detención preventiva de 25 de septiembre de 2012, el cual no fue ejecutado oportunamente, por preclusión resultaba ya innecesario. Por lo expuesto, corresponde ahora analizar en revisión, si en el caso concreto se debe conceder o no la tutela solicitada, tarea que será realizada a continuación.
- acción de libertad,
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III.1. De la finalidad y los alcances de la acción de libertad
- La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, si es que se halla en peligro a raíz de la supresión o restricción a la libertad personal, sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE'
- No obstante, la naturaleza de esta acción tutelar, al constituirse en un mecanismo de protección contra las lesiones al derecho a la libertad, y medio eficaz e inmediato reparador de ese derecho; empero la existencia de esta garantía constitucional, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus, actualmente acción de libertad; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida
- III.2. De la detención preventiva
- En efecto, para que una restricción al derecho a la libertad sea constitucional y legalmente admitida, se debe cumplir con ciertos requisitos materiales y formales. Respecto a los primeros, sólo se puede restringir el derecho a la libertad en los casos previstos por una ley formal; y, con relación a los segundos sólo será válida si se respetan las formas establecidas por ley; es decir, si el mandamiento emana de autoridad competente y es emitido por escrito, salvo el caso de flagrancia. Los casos en los que una persona puede ser privada de su libertad están expresamente previstos en el Código Penal, referente a sanciones penales y en el Código de Procedimiento Penal, tratándose de medidas cautelares, siempre que exista requerimiento fundamentado del fiscal o del querellante y concurran los requisitos puntualizados en el art. 233 del CPP
- III.3. Cesación de la detención preventiva y presupuestos que deben valorarse a momento de resolver
- ) cuáles fueron los motivos que determinaron la imposición de la detención preventiva y ii) cuáles los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que la determinaron o en su caso demuestren la conveniencia de que la medida sea sustituida por otra. Quedando claro que si a través de los nuevos elementos de juicio que se presenten por el imputado se destruyen ambos o cualquiera de los motivos que fundaron la detención preventiva, el Juez o Tribunal debe realizar una valoración de estos nuevos elementos;
- este análisis concurrente de los dos elementos previstos en el art. 239.1, no sólo vincula al juez que resuelve la solicitud de cesación de detención preventiva sino también al tribunal de alzada que resuelve la apelación incidental, empero cuando el tribunal a quem analice dichos elementos debe sujetar su examen al marco de lo establecido en el art. 398 del CPP, que expresamente dispone: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”
- el tribunal de alzada que resuelve la apelación incidental de la solicitud de cesación de la detención preventiva por el supuesto contemplado en el art. 239.1 del CPP, en su resolución debe realizar el análisis ponderado de dos elementos: 1) ¿Cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la detención preventiva? y, 2) ¿Los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia de que la medida sea sustituida por otra?, análisis que debe realizarse en el marco de lo establecido en el art. 398 del CPP, que dispone que “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución” (negrillas agregadas), es decir, contrastando los dos primeros elementos, con estos otros dos: 1) ¿Cuáles fueron los puntos expuestos como agravios por el apelante?; y 2) ¿Cuáles los fundamentos de la resolución que resolvió la cesación de detención preventiva en primera instancia
- III.4. Sobre la viabilidad del recurso de apelación contra resoluciones incidentales en materia penal
- CONFIRMAR