SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0173/2013
Fecha: 19-Feb-2013
I.1.1. Hechos que motivan la acción
A horas 09:00 del 15 de noviembre del 2012, asistió a la audiencia conclusiva de homologación de acuerdo transaccional y conciliación dentro el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a querella de Edwin Hurtado Veliz y Guillermina Ajhuacho Chambi de Hurtado en el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal. Señalando que hasta el 12 del mes y año indicados, estuvo con detención preventiva dispuesta por su similar Tercero dentro de otra demanda penal, instaurada a querella de Ariel Medrano Arana; por lo que en audiencia de la misma fecha, dicha autoridad jurisdiccional expidió mandamiento de libertad a su favor, el cual fue ejecutado el citado día en horas de la tarde.
Siendo así, que asistió a la audiencia fijada por el Juez Primero de Instrucción en lo Penal al haber llegado a un acuerdo transaccional con los esposos Hurtado-Ajhuacho, sin embargo, fue interceptada por la funcionaria policial Mery Buezo Nogales y sin ninguna explicación fue conducida al interior de dicho juzgado en calidad de detenida, entregándole posteriormente la Secretaria copias simples de otra imputación sin el respectivo cargo de presentación ni decreto de señalamiento de audiencia.
Una vez que fue trasladada al salón de audiencias de la carceleta judicial, su abogado defensor solicitó saber el motivo de la detención y qué mandamiento había sido ejecutado, empero, la policía quien en principio se negó a responder, en franca vulneración a su derecho a ser informada, ante la insistencia de éste, mostró el mandamiento de 25 de septiembre de 2012, el cual curiosamente no había sido ejecutado hasta la fecha, por lo que considera que ya no debía ser cumplido; toda vez que, el proceso se encontraba en etapa conclusiva, consecuentemente por el principio de preclusión resultaba impertinente ejecutar dicho mandamiento.
“Una vez instalada la audiencia, el Ministerio Público ratificó su petitorio de homologación de conciliación, al cual se adhirió, dictándose la extinción de la acción penal y la cancelación de todas las medidas cautelares que pesaban en su contra, razón por la cual, renunció al recurso de apelación y solicitó se conceda su libertad; empero, la misma fue rechazada con el argumento de que la víctima estaba plenamente identificada y entre tanto ejercite o no su derecho de impugnación, esa Resolución no estaba ejecutoriada” (sic).
- acción de libertad,
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III.1. De la finalidad y los alcances de la acción de libertad
- La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, si es que se halla en peligro a raíz de la supresión o restricción a la libertad personal, sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE'
- No obstante, la naturaleza de esta acción tutelar, al constituirse en un mecanismo de protección contra las lesiones al derecho a la libertad, y medio eficaz e inmediato reparador de ese derecho; empero la existencia de esta garantía constitucional, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus, actualmente acción de libertad; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida
- III.2. De la detención preventiva
- En efecto, para que una restricción al derecho a la libertad sea constitucional y legalmente admitida, se debe cumplir con ciertos requisitos materiales y formales. Respecto a los primeros, sólo se puede restringir el derecho a la libertad en los casos previstos por una ley formal; y, con relación a los segundos sólo será válida si se respetan las formas establecidas por ley; es decir, si el mandamiento emana de autoridad competente y es emitido por escrito, salvo el caso de flagrancia. Los casos en los que una persona puede ser privada de su libertad están expresamente previstos en el Código Penal, referente a sanciones penales y en el Código de Procedimiento Penal, tratándose de medidas cautelares, siempre que exista requerimiento fundamentado del fiscal o del querellante y concurran los requisitos puntualizados en el art. 233 del CPP
- III.3. Cesación de la detención preventiva y presupuestos que deben valorarse a momento de resolver
- ) cuáles fueron los motivos que determinaron la imposición de la detención preventiva y ii) cuáles los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que la determinaron o en su caso demuestren la conveniencia de que la medida sea sustituida por otra. Quedando claro que si a través de los nuevos elementos de juicio que se presenten por el imputado se destruyen ambos o cualquiera de los motivos que fundaron la detención preventiva, el Juez o Tribunal debe realizar una valoración de estos nuevos elementos;
- este análisis concurrente de los dos elementos previstos en el art. 239.1, no sólo vincula al juez que resuelve la solicitud de cesación de detención preventiva sino también al tribunal de alzada que resuelve la apelación incidental, empero cuando el tribunal a quem analice dichos elementos debe sujetar su examen al marco de lo establecido en el art. 398 del CPP, que expresamente dispone: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”
- el tribunal de alzada que resuelve la apelación incidental de la solicitud de cesación de la detención preventiva por el supuesto contemplado en el art. 239.1 del CPP, en su resolución debe realizar el análisis ponderado de dos elementos: 1) ¿Cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la detención preventiva? y, 2) ¿Los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia de que la medida sea sustituida por otra?, análisis que debe realizarse en el marco de lo establecido en el art. 398 del CPP, que dispone que “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución” (negrillas agregadas), es decir, contrastando los dos primeros elementos, con estos otros dos: 1) ¿Cuáles fueron los puntos expuestos como agravios por el apelante?; y 2) ¿Cuáles los fundamentos de la resolución que resolvió la cesación de detención preventiva en primera instancia
- III.4. Sobre la viabilidad del recurso de apelación contra resoluciones incidentales en materia penal
- CONFIRMAR