SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0199/2013
Fecha: 27-Feb-2013
concedió
El Juez Séptimo de Sentencia y Partido Penal Liquidador del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, pronunció la Resolución 18/2012 de 23 de noviembre, cursante de fs. 499 a 506, por la que concedió la tutela impetrada, en base a los siguientes fundamentos: i) Con relación a la Resolución dictada el 7 de noviembre de 2012, en ninguna parte del acta de audiencia de apelación a la medida cautelar consta que ambos Vocales hubiesen intercambiado criterios respecto al fallo que se iba a pronunciar; con referencia a la fundamentación, al tratarse de un Tribunal colegiado, cada uno de los Vocales debería fundamentar su decisión, lo que no ocurrió en el presente caso, solamente interviene uno de los Vocales; ii) En el Auto objeto del recurso, las autoridades demandadas no aplicaron el art. 173 del Código de Procedimiento Penal (CPP) que ellos mismos invocaron; al haber revocado un Auto que concedía medidas sustitutivas a la detención preventiva, debían fundamentar cada uno de los riesgos procesales; asimismo, no argumentaron su decisión; iii) El fallo objeto del recurso, critica el Auto dictado por el a quo, aduciendo falta de fundamentación y que no se hubiese observado lo previsto en los arts. 124 y 173 del CPP, cayendo sin embargo en el mismo error, porque no fundamenta cada uno de los riesgos procesales; y, iv) La norma contenida en el art. 247 del CPP, establece las casuales de revocación de las medidas sustitutivas que dará lugar a la detención preventiva en los casos que sea procedente; los fundamentos del Auto recurrido son válidos para una anulación, más no para una revocación; además al haber intervenido solamente un Vocal en la exposición del fallo, se han infringido los derechos al debido proceso, a la motivación y a la tutela judicial efectiva, porque no explican en qué consisten los riesgos procesales con relación a la actividad o comportamiento del accionante.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- a)
- 1)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción libertad y su naturaleza jurídica
- III.1.1. Alcance y finalidad
- “1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente perseguida; 3. Está indebidamente procesada; 4. Está indebidamente privada de libertad personal”
- a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”
- sino sólo aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa directa para su restricción o supresión, quedando los demás supuestos bajo la protección del recurso de amparo constitucional, hoy amparo constitucional…"
- sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar
- no le corresponde al juez de garantías, ni mucho menos al Tribunal Constitucional realizar una nueva valoración de las pruebas, empero, excepcionalmente la jurisdicción constitucional puede realizar la valoración siempre y cuando se cumplan determinados presupuestos,
- De lo referido, se tiene que siguiendo el razonamiento establecido en las Sentencias mencionadas precedentemente, sólo en el caso de cumplirse los presupuestos señalados, puede operar el control de constitucionalidad para la restitución de los derechos vulnerados, entre tanto, no concurran los mismos, el Tribunal no puede realizar una valoración probatoria, de lo contrario, se convertiría en una instancia casacional o de revisión ordinaria
- III.5. Análisis del caso concreto
- Ante esta situación se vio en la obligación de buscar a un Abogado que lo había patrocinado en la audiencia de cesación y al Abogado que suscribe esta Acción, para que asuman defensa Técnica
- no demuestra o describe, en qué aspectos se pronunció de manera ultra petita el Tribunal de alzada o cuáles fueron los errores en los que cayeron las autoridades demandadas
- De lo precedentemente transcrito, se denota que el accionante, a más de realizar observaciones generalizadas, no señala ni justifica cuáles son los actos de los Vocales demandados que supuestamente le vulneraron sus derechos, no pudiendo este Tribunal Constitucional Plurinacional, ingresar de oficio a revalorar la prueba mencionada en su demanda, más aún cuando no se precisaron cuáles son los aspectos que el Tribunal de alzada no tomó en consideración, o cuáles son los aspectos por los cuales le parece al accionante, que la Resolución emitida por estos, carece de fundamentación y motivación.
- se debe precisar cuál es la prueba que los demandados omitieron valorar y que causaron la vulneración a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, aspecto que no se da en el presente caso.
- REVOCAR