AUTO CONSTITUCIONAL 0062/2013-CA

Por memorial presentado el 28 de enero de 2013, cursante de fs. 41 a 49, la accionante indica que, la AJ realizó un operativo a una de sus casas de juego, resultado del cual emitió un Auto de apertura de proceso administrativo, por la supuesta comisión de infracción al art. 28.I.2 inc. c) de la Ley de Juegos de Lotería y de Azar, por desarrollar actividades de juego de lotería o de azar sin licencia, y que a pesar de haber efectivizado sus descargos, procedió al decomiso preventivo.

Señala que la Resolución Sancionatoria 10-00012-11, incorpora el art. 54 a la Resolución Regulatoria 01-00005-11, determina que para interponer el recurso de revocatoria, el administrado debe pagar la sanción impuesta en la Resolución Sancionatoria emitida en su contra, caso contrario se tendría por no presentado, disponiéndose el consiguiente archivo de obrados, de esa manera se estaría impidiendo o dificultando el uso de los medios impugnatorios previstos por ley, promoviendo además el cumplimiento de la pena anticipada; condición que lesiona la presunción de inocencia, el derecho al acceso a la justicia y a no ser “…obligado a hacer lo que la constitución y las leyes no manden…”(sic), así como a la garantía del debido proceso en su vertiente a la doble instancia, desarrollada en la SC 0492/2011 de 25 de abril y, que se encuentran previstos en los arts. 14.IV, 115.II, 116 de la CPE y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, generando una obligación para la accionante que no se encuentra regulada en ley alguna; por tal razón solicita sea declarada inconstitucional, al contener relevancia “procesal”(sic), por depender la resolución final de la aplicación de la norma impugnada en la admisión del recurso de revocatoria planteada.

Finalmente enfatiza que, el art. 28.II de la Ley de Juegos de Lotería y de Azar y los arts. 11, 12, 13 y 14 de la Resolución Regulatoria 01-00005-11, establecieron como sanciones a las infracciones graves: el comiso definitivo de la máquina o medio de juego y la multa de UFV5000.- (cinco mil unidades de fomento a la vivienda) por cada uno de ellos, contraviniendo de esta manera el principio non bis in idem previsto en los arts. 117.II de la CPE y 8.4 de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos; por lo que, solicitó sean declaradas inconstitucionales, en razón a que al interponer el recurso de revocatoria en caso de resolverse contra el administrado, implicaría que la AJ ratificará la Resolución Sancionatoria que contempla la doble sanción contenida en la norma impugnada.