SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0269/2013-L

En el caso que corresponde ser analizado, el demandante a través de su representante manifestó que los derechos fueron vulnerados debido a que las autoridades demandadas, tanto en primera instancia como en segunda, dictaron fallos carentes de fundamentación, sin valorar la prueba presentada, además que realizaron interpretaciones erróneas de los preceptos legales que rigen el proceso penal.

Al efecto, conforme se desprende del testimonio de poder 4197/2010 de 16 de agosto, se evidencia que Juan Carlos “Carbajal” Salvador confiere poder especial, bastante y suficiente en favor de Alfredo Paniagua Mariscal para que en su representación se apersone ante el “Juez Mixto de la localidad de Pailón dentro del Juicio Penal seguido por el Ministerio Público contra Leonardo Carbajal Salvador, por el supuesto delito incurso en Ley 1008, -(…) y prosiga el incidente de devolución del motorizado incautado de su propiedad tipo Camión” (sic), facultándole entre otros aspectos a que interponga acción de amparo constitucional contra dichas autoridades, Juez y Ministerio Público.

Es en ese sentido, que en la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, el Tribunal de garantías observó esta deficiencia procesal que fue explícitamente admitida por el propio Alfredo Paniagua Mariscal,  quien solicitó se le confiera un plazo para subsanar el requisito incumplido; sin embargo, en dicha etapa procesal ya no era posible conceder el plazo solicitado sino denegar la tutela sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada tal cual sucedió.