SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0437/2013
Fecha: 03-Abr-2013
a) La titularidad o dominialidad del bien inmueble urbano o rural, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros, sin que se le exija otra carga procesal adicional
En el caso concreto, el accionante cumplió con esta carga probatoria, debido a que adjuntó copia de testimonio de certificación 6766 de 1 de diciembre de 1980, suscrito por Roberto Fernández Terán, Juez Registrador de DD.RR., por la cual se certifica que Florentino Arrazola Orellana adquirió en calidad de compraventa de Abel Navia Fernández y Hugo Maldonado Fuentes, el lote de terreno 31, con 339 m2, ubicado en la zona de La Hoyada, jurisdicción del Cantón El Paso de la Provincia Quillacollo, registrado en la Partida 1246 del Libro Primero de Propiedad de dicha provincia; conforme también consta del testimonio del Registro de DD.RR. cursante (Conclusión II.1.1). Asimismo, adjuntó como prueba, otros documentos, que no obstante no ser exigibles para probar la titularidad del derecho propietario, conforme entendió la jurisprudencia constitucional, refuerzan su verificación y coadyuvan a acreditar la dominialidad del predio, como son copia del Plano de ubicación a nombre del accionante, con data de otorgación de 30 de marzo de 2012; copia de certificado de pagos del impuesto a la propiedad inmueble de las gestiones 2004 a la gestión 2010, con data de 29 de marzo de 2012; y varias copias de otros certificados, entre ellos, copia de Certificado de Registro de la propiedad inmueble de 11 de junio de 2012 (Conclusión II.1.2).
Es decir, el accionante, conforme a los actos procesales aportados como prueba, ha acreditado a plenitud su derecho propietario sobre el inmueble descrito en la Conclusión II.1.1 y que el mismo no se encuentra controvertido a la fecha de interposición de la acción que nos ocupa proceso constitucional de amparo; y si bien el 25 de abril de 2012 se inició un proceso de expropiación por el Gobierno Municipal de Quillacollo, a solicitud de los representantes de la OTB Barrio Litoral, este aún no se encuentra concluido.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- I.2.3 Intervención del Tercero Interesado
- concedió en parte
- II.1.
- II.1.1.
- II.1.2.
- II.1.3.
- II.1.4.
- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- el Estado constitucional de derecho asumido en la Constitución supone la proscripción de las medidas de hecho o vías de hecho,
- 'Estado Constitucional de Derecho': a) El poder público (órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral); y, b) La convivencia social de los ciudadanos están sometidos a la Constitución a través del principio de constitucionalidad que viene a sustituir el principio de legalidad y, por ende, -en el tema que ocupa a esta sentencia constitucional-, supone la proscripción de las acciones vinculadas a medidas de hecho o vías de hecho por el propio Estado o los particulares en cualesquiera de sus formas”
- es la Constitución, la que determina cuáles son los órganos que tienen la potestad de impartir justicia (art. 179.I, II y III de la CPE)
- Fragmento 16
- acciones vinculadas a medidas o vías de hecho
- supuestos de avasallamientos u ocupaciones por vías de hecho de predios urbanos o rurales privados cuando se denuncie afectación al derecho a la propiedad
- y se demostró derecho propietario,
- en su núcleo duro se identifican tres elementos esenciales: i) El derecho de uso; ii) El derecho de goce; y iii) El derecho de disfrute. Asimismo, estos tres elementos tienen un sustento axiológico que refuerza dicho contenido esencial, basado en los valores libertad, igualdad, solidaridad y justicia. Por su parte, es imperante además precisar que este núcleo esencial del derecho fundamental de propiedad, genera a su vez obligaciones negativas tanto para el Estado como para particulares que se traducen en las siguientes: a) Prohibición de privación arbitraria de propiedad; y, b) Prohibición de limitación arbitraria de propiedad.
- todo acto o medida de hecho que implique privación o limitación arbitraria e ilegal de la propiedad, implican una directa afectación al contenido esencial del derecho de propiedad en sus tres elementos esenciales: uso, goce y disfrute, motivo por el cual, la justicia constitucional, en el marco del ejercicio de los roles propios del control de constitucionalidad, una vez activada por el o los afectados, deberá tutelar de manera directa dicho derecho fundamental”
- d.1) Flexibilización al principio de subsidiariedad
- el accionante deberá cumplir en primera instancia con la identificación de los particulares o autoridades demandadas
- i)
- cuando se denuncie afectación al derecho a la propiedad,
- III.2 El caso de examen
- a) La titularidad o dominialidad del bien inmueble urbano o rural, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros, sin que se le exija otra carga procesal adicional
- b) Acreditar por cualquier medio legítimo, los actos o medidas circunscritos a las vías de hecho, que se hubieran ejercido sobre o en relación a la titularidad o dominialidad del bien inmueble urbano o rural, es decir: i)
- así el fin perseguido, con la medida de hecho adoptada sea loable y legítima (construcción de una cancha deportiva), como fue la que impulsó a los ahora demandados de la OTB Barrio Litoral.
- 1º CONFIRMAR
- 2º ORDENAR