SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0490/2013
Fecha: 12-Abr-2013
a)
Enrique Morales Díaz, Juez Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto, ahora demandado, en su informe oral en la audiencia de acción de libertad (fs. 53 a 54) manifestó que: a) Dispuso la detención preventiva de los accionantes debido a su peligrosidad y dentro del marco legal aplicable, porque se trata de un delito en contra del Estado a ejecutarse en los recintos penitenciarios referidos por ellos, porque el Penal de San Pedro se encuentra totalmente hacinado de reclusos, ocurriendo similar situación en el caso de Centro de Orientación Femenina de Obrajes; y, b) Los accionantes interpusieron recurso de apelación contra la resolución de detención preventiva, empero, hasta la fecha no adjuntaron la boleta de apelación ni proveyeron los recaudos de ley para su remisión ante el Tribunal de apelación en el plazo establecido por ley. Por ello, afirma que ya no esperará más y remitirá el caso al Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal de manera inmediata.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- a)
- II.1
- II.2.
- II.2.1.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.
- Los principios ético-morales de la sociedad plural
- Los principios ético-morales, antes de ser incorporados a la Constitución, tenían valor únicamente para el Derecho Indígena, es decir, eran estimados como valiosos por la cultura y el Derecho de las naciones y pueblos indígena originario, campesinos. Después de efectuada su incorporación en el texto constitucional tienen valor de derecho, es decir se convierten en normas y, por tanto, comparten la eficacia jurídica de la propia Constitución, es decir, tienen carácter normativo, lo que implica que no son meras declaraciones retóricas, por lo mismo, imponen a todos, esto es, al poder público y los particulares en la convivencia social, con mayor razón a todos los jueces de la pluralidad de jurisdicciones, la obligación de observarlos, desarrollarlos y aplicarlos en su labor decisoria cotidiana.
- 4.2. El principio de respeto a los derechos,
- debe ser conceptuada como un término brevísimo, de tres días hábiles como máximo
- III.2. El Caso de examen
- ad quem
- los juzgadores deben observar activamente que la orden de remisión ante el superior en grado sea cumplida en el plazo de veinticuatro horas, sin excusa alguna
- el Tribunal Constitucional, salvaguardando éste derecho fundamental, destacó que los recursos de apelación sobre medidas cautelares, deben ser remitidos en el plazo de 24 horas previsto por Ley ante el superior en grado, caso contrario, se restringe el derecho del recurrente a que su detención preventiva sea revisada con oportunidad por el Tribunal Superior
- y la Jueza demandada en lugar de dictar el decreto correspondiente, ordenando la remisión de actuados pertinentes ante el tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas, conforme establece la norma contenida en el art. 251 del CPP,
- 2º