SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0502/2013
Fecha: 12-Abr-2013
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Refiere que, “el Fiscal de Tarija” presentó imputación formal en su contra y de Nancy Díaz Zeballos, por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas, previstos en la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, como resultado del operativo de rutina realizado por funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), en proximidades del municipio de Camargo del departamento de Chuquisaca, sobre la carretera a Tarija; señala que dichos funcionarios interceptaron el vehículo de “Trans Emperador” en el cual viajaban, encontrando en su interior, a la altura de los asientos 11 y 12, una mochila con la inscripción “extreme”, conteniendo sustancias controladas; posteriormente, en la parte de adelante del bus, detrás del asiento del chofer, se encontró también una bolsa nylon que contenía la misma sustancia controlada, la cual fue confirmada a través de la prueba realizada.
La supuesta autoría por la que se le imputa, surge debido a que su persona como la otra imputada, subieron juntos al motorizado, ubicándose el accionante al fondo del vehículo junto con su equipaje, elaborándose posteriormente el informe policial respecto al operativo realizado, donde se consignan las actuaciones efectuadas por el efectivo policial asignado al caso, como las declaraciones a los imputados, así como a cinco testigos; señalando que se le imputó por delito en flagrancia, lo cual conlleva a la nulidad de actuados por defectos absolutos, por no haber encontrado el objeto material en poder del accionante.
A consecuencia de ello, efectuada la audiencia de medidas cautelares, el Juez demandado, a través de la Resolución de 31 de agosto de 2012, dispuso su detención preventiva en la cárcel pública de Morros Blancos, pese a contar con domicilio en Capinota del departamento de Cochabamba, privándole de su libertad injustamente al no haber valorado correctamente la imputación, vulnerando su derecho de locomoción y de tránsito por el territorio nacional; asimismo, añade que la defensora de oficio del Servicio Nacional de Defensa Pública (SENADEP), no cumplió con el mandato de defenderlo correctamente por no haber apelado contra la referida Resolución, vulnerando sus derechos y garantías constitucionales.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- 1)
- concede
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad
- III.1.1. Alcance y finalidad
- 1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente perseguida; 3. Está indebidamente procesada; 4. Está indebidamente privada de libertad personal
- garantía jurisdiccional esencial, pues su ámbito de protección ahora incorpora al derecho a la vida -bien jurídico primario y fuente de los demás derechos del ser humano- junto a la clásica protección al derecho a la libertad física o personal
- El informalismo
- III.2. Sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad
- no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, -hoy art. 128- ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus -hoy acción de libertad- sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de la jurisdicción ordinaria aludidos
- empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho la libertad y a la persecución o procesamiento indebido deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas
- III.3. Análisis del caso concreto
- toda vez que la jurisdicción constitucional no puede convertirse en un recurso ordinario, activándose solamente en caso de no restituirse los derechos afectados a pesar de haberse agotado las vías ordinarias señaladas.
- REVOCAR en todo