SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0389/2013-L

El Juez Segundo de Instrucción en lo Penal del Distrito Judicial -ahora departamento- de Oruro, presentó informe escrito cursante a fs. 53 y vta., bajo los siguientes términos: i) El Ministerio Público remitió la imputación formal contra José Hinojosa Ferrufino por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas, a cuya consecuencia se determinó la detención preventiva en el penal de “San Pedro”, por concurrir los presupuestos previstos en el art. 233 del Código de procedimiento Penal (CPP), vinculados a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad el autor del delito y que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; ii) Los riesgos procesales existentes no fueron desvirtuados en audiencia cautelar y menos en audiencia de cesación de detención preventiva de 11 de julio de 2011, por cuanto sólo se ha limitado a demostrar la existencia de familia y domicilio; respecto a la existencia de un trabajo se ha creado duda, encontrando contradicciones en las mismas literales ofrecidas como prueba, tampoco a podido modificar sobre su estado jurídico respecto a su situación anterior a la causa penal; iii) No se ha demostrado en referencia al art. 235.2 del CPP, en cuanto refiere a la influencia negativa sobre otros partícipes, máxime si existen presuntamente otros involucrados, como ser quién le proveyó las sustancias controladas; iv) La norma prevista en el art 393.4 de la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal, también faculta al juzgador a no negar la detención preventiva, siendo obligatoria la adopción de dicha medida cautelar; en cuanto se refiere a delitos flagrantes y garantizar la presencia del imputado en la etapa del proceso; v) En cuanto a la improcedencia de la cesación de la detención preventiva; es clara la norma que previene cuáles son los fundamentos que se debe desvirtuar; es decir, que si bien se acreditó familia, domicilio, no se ha acreditado trabajo y se pretende hacer creer que se ha incorporado otros elementos, siendo que sólo se han analizado los elementos de la primera audiencia; y, vi) A criterio del juzgador, las apreciaciones de la accionante, están erradas, a mérito de que existen suficientes elementos de convicción que hacen presumir la participación del imputado en el hecho delictivo y de que no se someterá al proceso y obstaculizará la averiguación de la verdad, por lo cual solicitó se declare “sin lugar” la acción de libertad por no tener fundamento alguno.