SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1016/2013
Fecha: 27-Jun-2013
2.
2. En segundo lugar, con relación a la solicitud del accionante sobre la nulidad de la Resolución de inicio de proceso administrativo interno, relacionado a la autoridad que recolectó los antecedentes del caso, se evidencia que existe un informe jurídico debidamente fundamentado, que respalda la instauración del proceso sumario administrativo contra el accionante, expresado en las conclusiones y recomendaciones, por lo cual este tema no merece mayor consideración al respecto. De donde se establece que no existió vulneración del derecho al debido proceso alegado por el accionante, en razón a que además el mismo tuvo conocimiento de las resoluciones pronunciadas por las autoridades demandadas durante la sustanciación del proceso administrativo interno instaurado en su contra, habiendo ejercido de manera amplia su derecho a la defensa, prestando su declaración, proponiendo medios de prueba e impugnando las resoluciones dictadas a través del uso efectivo de los recursos que la ley le franquea, según lo ha establecido la jurisprudencia de este Tribunal expresado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Finalmente, en el caso que se examina, se ha dispuesto la destitución del accionante, como consecuencia de la sustanciación de un proceso administrativo interno iniciado en su contra por la Autoridad Sumariante del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, a través de la Resolución Final 451/2012, en la cual se estableció responsabilidad administrativa y por lo tanto la sanción de destitución por haber acomodado su conducta a las contravenciones establecidas en el Reglamento Interno de la Municipalidad, así como el DS 23318-A, modificado por el DS 26237.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- I.2.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.8.
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- Respecto al segundo, la inmediatez caracterizadora de esta acción, instituye al amparo constitucional como un mecanismo inmediato en la protección de los derechos y garantías fundamentales, lo que permite percibir que este mecanismo de tutela, brinda una reparación inmediata frente a los actos y omisiones arbitrarias de los servidores públicos y/o personas particulares; de ahí su naturaleza regida por los principios de sumariedad, celeridad y eficacia.
- puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc.
- asegura a las partes el conocimiento de las resoluciones pronunciadas por el órgano judicial o administrativo actuante durante el proceso, a objeto de que pueda comparecer en el juicio y asumir defensa, y en su caso hacer uso efectivo de los recursos que la ley le franquea.
- No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico
- el derecho al debido proceso no solamente es exigible dentro de los procesos judiciales, sino que también abarcan a los procesos administrativos, jurisprudencia que no contradice los principios constitucionales; y que por lo tanto, es compatible con la Constitución vigente;
- III.3. Análisis del caso concreto
- “…la solicitud bajo CITE DI.MU.SA 429/11, firmada por los co-procesados -uno de ellos es el hoy accionante- en fecha 30 de noviembre de 2011, por la que solicitaron cubrir gastos hospitalarios mediante un Convenio que ya no tenía vigencia y que la cobertura que abarcaba (…) era la prestación de los servicios de atención médica hospitalaria únicamente, a los estudiantes que participaban en los II juegos estudiantiles Plurinacionales, en caso de accidentes deportivos”
- Fragmento 21
- 2.
- CONFIRMAR en todo