SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1016/2013
Fecha: 27-Jun-2013
III.3. Análisis del caso concreto
El accionante denuncia la vulneración de la garantía del debido proceso, los derechos al trabajo y a una justa remuneración; toda vez que, a raíz de un proceso administrativo interno iniciado en su contra por supuestas contravenciones cometidas al ordenamiento jurídico administrativo, fue destituido del cargo que desempeñaba como Coordinador de Salud dependiente de la Dirección Municipal de Salud, a través de la Resolución Final 451/2012, emitida por la Autoridad Sumariante, confirmada a su vez por la Resolución Administrativa Jerárquica 061/2012, expedida por el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.
En la problemática planteada, se establece que el accionante, a través del contrato de trabajo a plazo fijo 048/2012 de 4 de enero, fue asignado por la ex Alcaldesa del mencionado Municipio, para cumplir las funciones de Coordinador dependiente de la Dirección Municipal de Salud del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre; en ese estado, la Autoridad Sumariante del Municipio antes referido, dictó Resolución de inicio de proceso administrativo en su contra, en mérito a la comunicación interna Cite 0990/2012, emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del citado Municipio y posteriormente pronunció la Resolución Final 451/2012, estableciendo la sanción de destitución, por haber acomodado su conducta a las contravenciones establecidas en los arts. 17 inc. c), 69 y 70 del Reglamento Interno de la Municipalidad; arts. 3.I y 5 inc. a) del DS 23318-A, modificado por el DS 26237. Contra dicha resolución, interpuso recurso de revocatoria, el mismo que fue confirmado en todas sus partes por la Autoridad Sumariante, razón por la cual planteó recurso jerárquico ante la MAE que de igual forma confirmó la resolución impugnada por dicha autoridad.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- I.2.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.8.
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- Respecto al segundo, la inmediatez caracterizadora de esta acción, instituye al amparo constitucional como un mecanismo inmediato en la protección de los derechos y garantías fundamentales, lo que permite percibir que este mecanismo de tutela, brinda una reparación inmediata frente a los actos y omisiones arbitrarias de los servidores públicos y/o personas particulares; de ahí su naturaleza regida por los principios de sumariedad, celeridad y eficacia.
- puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc.
- asegura a las partes el conocimiento de las resoluciones pronunciadas por el órgano judicial o administrativo actuante durante el proceso, a objeto de que pueda comparecer en el juicio y asumir defensa, y en su caso hacer uso efectivo de los recursos que la ley le franquea.
- No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico
- el derecho al debido proceso no solamente es exigible dentro de los procesos judiciales, sino que también abarcan a los procesos administrativos, jurisprudencia que no contradice los principios constitucionales; y que por lo tanto, es compatible con la Constitución vigente;
- III.3. Análisis del caso concreto
- “…la solicitud bajo CITE DI.MU.SA 429/11, firmada por los co-procesados -uno de ellos es el hoy accionante- en fecha 30 de noviembre de 2011, por la que solicitaron cubrir gastos hospitalarios mediante un Convenio que ya no tenía vigencia y que la cobertura que abarcaba (…) era la prestación de los servicios de atención médica hospitalaria únicamente, a los estudiantes que participaban en los II juegos estudiantiles Plurinacionales, en caso de accidentes deportivos”
- Fragmento 21
- 2.
- CONFIRMAR en todo