SENTENCIA CONSTUCIONAL PLURINACIONAL 0766/2013
Fecha: 07-Jun-2013
i)
José Soria Miranda, Juez de Partido Mixto, Liquidador y de Sentencia Penal de la provincias Charcas, Alonso de Ibáñez, Gral. Bilbao Rioja y San Pedro de Buena Vista del departamento de Potosí, presentó informe escrito cursante de fs. 136 a 137, y complementario de fs. 140 a 141, en el que señaló: i) La accionante, constituida como demandada en el proceso de nulidad de documento, ha sido citada con la demanda de 8 de marzo de 2012, a horas 8:00, según la orden instruida devuelta y adjunta a “fs. 43 a 46” de obrados, puesto que conforme al cómputo de plazos, la excepción previa de incompetencia, ha sido presentada fuera de los cinco días, establecidos por el art. 336 inc. 1) del CPC; es decir, a los catorce días de su citación con la demanda; ii) Mediante Auto de 14 de mayo de 2012, se rechazó la excepción opuesta por memoriales de 21 de marzo y 9 de mayo del referido año, con costas; iii) Notificada, la accionante, con dicha Resolución, interpuso el recurso de reposición contra la mencionada providencia, bajo alternativa de apelación; iv) Por Auto de 18 de mayo de 2012, se concede la apelación en el efecto devolutivo, y en consecuencia la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, emitió el Auto de Vista 132/2012 de 16 de julio, confirmando totalmente el Auto de 14 de mayo de 2012; v) Se ha tramitado de manera correcta el proceso y por tratarse de la nulidad de documento que no afecta al derecho propietario, en este caso la propiedad rústica y rural, corresponde a la justicia ordinaria y no a la jurisdicción agraria el conocimiento de la presente causa; y, vi) El Auto Supremo 135 de 18 de julio de 2006, menciona: “Que si bien la Ley Nº 1715 reconocida como Ley INRA crea la judicatura agraria con jurisdicción y competencia para la resolución de los conflictos emergentes de la posesión y derecho de propiedad agrarios, no es menos evidente que en la sublite, no está en litigio, ni el discusión el Titulo agrario, tampoco se esta concediendo ningún derecho de propiedad agraria, de lo que se trata es de dilucidar sobre la validez de un documento de transferencia que es un instituto propio del derecho civil…” (sic).
La accionante alega la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la “seguridad jurídica”, al juez natural, al principio de legalidad, y a la tutela judicial efectiva, toda vez que dentro del proceso ordinario de nulidad de documento de propiedad, planteó la excepción de incompetencia ante las autoridades ahora demandadas quienes realizaron los siguientes actos vulneratorios: i) El Juez de Partido Mixto, Liquidador y de Sentencia Penal de las provincias Charcas, Alonso de Ibáñez, Gral. Bilbao Rioja y San Pedro de Buena Vista: La no valoración adecuada del fundamento de derecho, ni la prueba contribuida, apartándose de los marcos de razonabilidad y equidad; y, ii) Los Vocales de la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí: a) La inadecuada valoración de antecedentes y de la prueba remitida, en incumplimiento del art. 17 de la LOJ; b) Haber confirmado la Resolución del Juez a quo, sin la adecuada fundamentación, ni motivación que exige toda resolución judicial; y, c) El no pronunciamiento sobre los documentos remitidos en el expediente de apelación, de los cuales se evidenciaban que el Juez demandado actuó fuera de toda competencia y la ilegal citación con la demanda.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- i)
- I.2.3. Intervención de la tercera interesada
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.4.
- II.6.
- III.1. La acción de amparo constitucional, su naturaleza jurídica
- III.2. De la revisión excepcional de la labor de valoración de la prueba realizada por la jurisdicción ordinaria
- por lo que existirían casos en los cuales este Tribunal puede realizar la valoración de la prueba, señalando los siguientes supuestos: “…a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir (SC 0873/2004- R y 106/2005-R, entre otras) o b) cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales(SC 129/2004-R de 28 de enero)”
- para que este Tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo), lo siguiente:
- Por un parte, que pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuales no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; para ello, será preciso, que la prueba no admitida o no practicada, se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, solicitud, que en todo caso, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales ordinarios, el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas
- el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos
- III.3. Fundamentación y motivación de las resoluciones
- la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió
- cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas
- el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomodan a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; comprende la potestad de ser escuchado presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo (derecho a la defensa) y la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica
- III.4.2. Del derecho a la defensa
- La primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones
- No obstante, al presente, y en vigencia de la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, la seguridad jurídica, no se encuentra consagrada como derecho fundamental, sino como un principio que sustenta la potestad de impartir justicia emanada del pueblo (art. 178 de la CPE); y por otro lado, como un principio articulador de la economía plural en el modelo económico boliviano (art. 306.III de la CPE) (…).
- 'la seguridad jurídica' al ser un principio, no puede ser tutelado por el recurso o acción de amparo constitucional que tiene por finalidad proteger derechos fundamentales -no principios-, reconocidos por la Constitución, las normas internacionales de derechos humanos reconocidos y/o ratificados por el país (que conforman el bloque de constitucionalidad) y las leyes; sin embargo, por su reconocimiento constitucional, no puede ser inobservado por las autoridades jurisdiccionales y/o administrativas, a momento de conocer y resolver un caso concreto sometido a su competencia, por tanto es de inexcusable cumplimiento
- comprende el derecho de toda persona a ser parte de un proceso y poder promover en el marco de la actividad jurisdiccional, cualquier recurso ordinario o extraordinario, que el ordenamiento prevea en cada caso con los requisitos legalmente establecidos, que desemboque en una decisión judicial sobre la pretensiones deducidas por el litigante, por lo tanto se puede deducir que lo anteriormente desarrollado implica en síntesis en el derecho de todo actor o demandante a obtener una resolución o sentencia jurídicamente fundamentada sobre el fondo de lo peticionado.
- por lo mismo, tiene como contenido esencial el libre acceso al proceso, el derecho de defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada en la demanda, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, el derecho de acceso a los recursos previstos por ley. Finalmente, este derecho está íntimamente relacionado con el derecho al debido proceso y la igualdad procesal
- III.5. Análisis del caso concreto
- 2º CONCEDER en parte