AUTO CONSTITUCIONAL 0137/2013-RCA

         (…) en su calidad de defensor de la legalidad debe ser siempre citado con la acción de amparo para que en la audiencia en uso de sus atribuciones y facultades opine y requiera en cumplimiento de sus funciones, no para que defienda sus propios intereses, por lo que también desde ese punto de vista no puede considerarse `un tercero interesado´, porque `sus intereses´ no están al margen del colectivo social (…) Por lo anotado el Tribunal de garantías debe prever la notificación al representante del Ministerio Público, posibilitando su intervención, requerimiento u opinión en representación de los `intereses generales de la sociedad´ y no como persona con interés particular como el que refiere a la calidad de `tercero interesado´.

De donde deviene que, su notificación debe estar a cargo del Tribunal de garantías, para posibilitar su intervención como representante de los intereses de la sociedad. Máxime si ésta autoridad advirtió previamente la importancia de su participación y no así -haciendo incurrir en error- pretendiendo que sea la parte accionante quien necesariamente identifique al tercer interesado, considerando además que según las previsiones de los arts. 31.II y 35.2 del CPCo, corresponde a la jueza, juez o tribunal de garantías de estimarlo necesario, de oficio, ordenar la notificación para la audiencia a terceros interesados que puedan ser afectados en sus derechos o que aporten mayores elementos de juicio, para dictarse la resolución; consecuentemente, ésta exigencia no puede ser considerada como una causal de rechazo o improcedencia para la admisión dentro de la acción de amparo constitucional.

De lo apuntado se infiere que, el Tribunal de garantías al exigir a la parte accionante señalar al representante del Ministerio Público como tercer interesado, se apartó del entendimiento asumido por la jurisprudencia constitucional y de la normativa vigente, anotada precedentemente. Consiguientemente corresponde a la Comisión de Admisión de éste Tribunal, verificar el cumplimiento de requisitos de admisión dentro de la acción interpuesta.