SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0711/2013-L
Fecha: 19-Jul-2013
II.3.
II.3. Cursa Resolución de sobreseimiento de 7 de agosto de 2009, emitido por la Fiscal de Materia mencionada a favor de los accionantes, bajo el argumento de que no pudo establecerse la existencia objetiva de suficientes elementos de prueba, para fundar una acusación contra los mencionados, por la presunta comisión de los delitos de allanamiento y lesiones leves; así también, indicó que: 1) Se produjeron agresiones físicas entre dos grupos; 2) En cuanto a la participación de los imputados en los hechos, si bien existían coincidencias entre las declaraciones de las víctimas y testigos, respaldados por certificados médicos, dentro la etapa preparatoria, las víctimas no individualizaron a los imputados, ni el accionar antijurídico en los que incurrió cada uno de ellos; 3) Las declaraciones de las víctimas y los testigos, acreditaron que el origen del problema suscitado, se refería a una disputa por el derecho propietario sobre lotes; y, 4) No se estableció la comisión del delito de allanamiento, pues la víctima de dicho ilícito, Edwin Marca, no formuló denuncia ni querella contra los imputados, durante la etapa preparatoria (fs. 35 a 38).
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- I.3. Consideraciones de Sala
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- 3) Decretará de manera fundamentada el sobreseimiento, cuando resulte evidente que el hecho no existió, que no constituye delito o que el imputado no participó en él, y cuando estime que los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar la acusación
- Recibida la impugnación, o de oficio en el caso de no existir querellante, el fiscal remitirá los antecedentes dentro de las veinticuatro horas siguientes, al fiscal superior jerárquico para que se pronuncie en el plazo de cinco días
- III.3. El derecho al debido proceso y el principio de celeridad
- La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige
- una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión
- cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho [debido proceso] que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión
- en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permitido a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho
- La exigencia de motivación de las resoluciones judiciales se satisface cuando éstas, de modo explícito o implícito, contienen las razones o elementos de juicio que permiten conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión
- III.5. Análisis del caso concreto
- denegar
- 2°