SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0855/2013-L
Fecha: 14-Ago-2013
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
José Luis La Fuente Terceros, Gerente Regional de la Aduana de Potosí, a través de su representante legal, manifestó mediante informe de 11 de noviembre de 2011, cursante de fs. 715 a 717 del anexo, que de manera conjunta con las FFAA, procedió a efectuar operativos de decomiso de vehículos, dando lugar a los siguientes operativos: “Cerrojo”, “Vehículos”, “Terrano R3MR”, “Vagoneta Hyundai”, “Terrano Marubeni”, “Terrano V6”, “Terrano CIDEF”, “Navarra” y “Chevrolet Dmax”, habiendo cumplido el Comando Conjunto con su obligación de entregar a la Gerencia Regional de Potosí de la Aduana, cuarenta y ocho vehículos, constituyendo Recinto Aduanero de la Administración de Aduana Interior Potosí, la cancha Campero, del RI-3 Pérez, estableciéndose este recinto militar como depósito aduanero a través de Resolución Administrativa (RA) ANGRPGRP ULPRA 16/2011 de 3 de agosto.
Posteriormente, la Aduana Regional procedió al decomiso de veintiocho vehículos y en consideración a que la mayor parte de los vehículos se encontraban con desperfectos mecánicos, la Gerencia Regional Potosí emitió la resolución administrativa correspondiente, constituyendo recinto aduanero como depósito especial al Regimiento Loa IV de Infantería, acantonado en Uyuni, provincia Quijarro del departamento de Potosí.
Asimismo, refiere que los accionantes Raúl Cruz López, Juan Franklin Bautista Huanca, Fernando Morales Lázaro, Benito Alanes Callpa, María Isabel Jallaza Viracochea, Edwin Cruz Ramos, Reynaldo Flores Vargas, Roberta Durán Balcera y Calixto Huayta Llave, una vez que asumieron conocimiento de la resolución sancionatoria por contrabando contravencional emitido por el administrador de la Aduana interior de Potosí, interpusieron por ante la autoridad de impugnación tributaria los correspondientes recursos de alzada, mismos que se encuentran admitidos.
En audiencia a través de su abogado, manifestó también que no se puede denunciar lesión al derecho propietario, dado que los accionantes hasta que no obtengan su carné de registro de propiedad automotor, no son considerados propietarios, sino detentadores o poseedores y el hecho de tener declaración jurada, no les facultaba para transitar por el país sus movilidades.
Respecto a las notas emitidas al Comité Cívico, por acta de reunión de 30 de agosto de 2011, se acredita que varios de los accionantes, participaron de la reunión llevada a cabo en la Gerencia Regional de Potosí en presencia del Gerente Regional de la Aduana de Potosí y del administrador de la aduana interior, por lo que cada una de las peticiones fueron respondidas por estas autoridades.
Alberto Daza Quezada, Comandante del Comando Conjunto Andino mediante informe de fs. 718 a 722, manifestó que: Los accionantes en su acción de amparo constitucional no exponen con precisión y claridad los hechos que sirven de fundamento legal, no precisaron los derechos y garantías lesionados. En cuanto a los vehículos incautados en operativos en forma conjunta con la ANB, todos fueron reportados a esa instancia y que a falta de depósitos algunos bienes automotores se encuentran en diferentes unidades en calidad de depósito. Refiere que no es evidente que sus movilidades hayan sido confiscadas sin actas.
La abogada de los demandados, Dante Víctor Rosas Rojas (Comandante del RI-4 Loa-Uyuni), Luis Morales Reynolds (Comandante de la Décima División de Ejército provincia Sud Chichas - Tupiza) y José Luis Salazar Escobar (Comandante de la Unidad Militar Camacho - Oruro), en audiencia manifestó que: Sobre las movilidades de los accionantes Francisco Flores y Venancio Camata Mamani, no existen actas de decomiso, lo que hace entender que éstas no fueron decomisadas.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulneradas
- a)
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
- I.2.3. Intervención del Ministerio Público
- denegó
- I.3. Consideraciones de Sala
- II.1.
- II.2.
- II.4.
- II.5.
- II.8.
- II.10.
- II.11.
- II.12.
- II.13.
- II.14.
- II.15.
- II.16.
- II.17.
- II.18.
- II.19.
- II.20.
- II.21.
- II.22.
- II.23.
- II.24.
- II.25.
- II.26.
- II.27.
- II.28.
- II.29.
- II.30
- II.31.
- II.32.
- II.33.
- II.34.
- II.35.
- II.37.
- II.38.
- II.39.
- II.40.
- II.41.
- II.42.
- II.43.
- i)
- III.1. De la acción de amparo constitucional y su naturaleza
- Fragmento 50
- , las autoridades demandadas vulneraron sus derechos al debido proceso y al principio de legalidad; mas bien, debieron expresar la causalidad existente entre los amplios hechos alegados y los derechos presuntamente lesionados, aspecto que no fue cumplido, tal cual es la exigencia prevista en el art. 97 de la LTC y la jurisprudencia constitucional citada en la presente Sentencia, sin que sea válido efectuar una relación de hechos y aisladamente citar los derechos vulnerados sin contractar la causalidad de los mismos
- el o los accionantes para acusar un acto ilegal lesivo de derechos fundamentales que se encuentren bajo la protección del amparo, es ineludible que aporte pruebas suficientes que demuestren la existencia del acto ilegal, caso contrario, no se tendrá la certeza sobre la infracción al derecho que se considera vulnerado, y en esas circunstancias, no es posible otorgar la tutela, en razón de que se estaría ante un posible fallo injusto contra el demandado, dándose por cierto un acto ilegal u omisión indebida cuando éste no ha sido demostrado.
- para que los actos u omisiones denunciados sean objeto de análisis y reciban la tutela que brinda el recurso de amparo constitucional, el recurrente o agraviado debe: i) Aportar los elementos de prueba suficientes en los que acredite y demuestre la existencia del acto y/u omisión denunciado de ilegal, y, ii) Acreditar que la autoridad o persona recurrida es la responsable del acto y/u omisión denunciado por haber tenido intervención y decisión. Sólo ante la concurrencia de estos supuestos, y de ser evidentes, podrá concederse la tutela solicitada, caso contrario, existe la imposibilidad de otorgar el amparo, toda vez que no puede dictarse una Resolución de procedencia, cuando no se constata la vulneración de derechos o garantías fundamentales
- 'En su desarrollo procesal, el art. 129.IV de la CPE señala que: «La resolución final se pronunciará en audiencia pública inmediatamente recibida la información de la autoridad o persona demandada y, a falta de ésta, lo hará sobre la base de la prueba que ofrezca la persona accionante. La autoridad judicial examinará la competencia de la servidora pública o del servidor público o de la persona demandada, y en caso de encontrar cierta y efectiva la demanda, concederá el amparo solicitado…'. Coherente con esta exigencia, complementando el procedimiento y requisitos en esta acción de defensa, cuando se refiere a los requisitos de la demanda de amparo, en el art. 97.V de la LTC, se señala que se debe adjuntar la prueba pertinente.
- para acusar un acto ilegal lesivo de derechos fundamentales que se encuentren bajo la protección del amparo, es ineludible que aporte pruebas suficientes que demuestren la existencia del acto ilegal, caso contrario, no se tendrá la certeza sobre la infracción al derecho que se considera vulnerado, y en esas circunstancias, no es posible otorgar la tutela, en razón de que se estaría ante un posible fallo injusto contra el demandado, dándose por cierto un acto ilegal u omisión indebida cuando éste no ha sido demostrado.
- es preciso que el recurrente o agraviado, por una parte, aporte los elementos de prueba suficientes en los que se acredite y demuestre la existencia del acto y/u omisión denunciado de ilegal, y por otra, ese agraviado también debe acreditar que en el supuesto acto y/u omisión es responsable la autoridad o persona recurrida por haber tenido intervención y decisión'.
- Fragmento 57
- Fragmento 58
- III.4. Análisis del caso concreto
- denegar
- CONFIRMAR