SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0855/2013-L
Fecha: 14-Ago-2013
II.5.
II.5. Mediante requerimiento fiscal de 29 de septiembre de 2011, el Fiscal de Materia, Paúl Rolando Acuña Álvarez, requirió al Comandante del Regimiento Militar IV de Infantería Loa de la localidad de Uyuni, que informe sobre los nombres, apellidos, grado y demás generales de ley de o los miembros del regimiento militar 4 de infantería “LOA”, que habrían procedido al decomiso de la movilidad de Castelar Valeriano Ramos, además señale porque causas y/o motivos procedieron a realizar dicho acto, si el vehículo tiene alguna denuncia por la comisión de algún delito, si luego de ejecutado el decomiso se dio parte o se puso a conocimiento del Ministerio Público y/o autoridad competente, además que refieran en que norma se basaron para realizar ese acto (fs. 62 del anexo). Requerimiento que fue respondido por informe de 29 de septiembre de 2011, por el Comandante del Regimiento de Infantería 4 “LOA”, señalando que las operaciones militares efectuadas por las pequeñas unidades dependientes del Comando Conjunto, se basa en la Ley 100, por lo que ejecutaron el plan “Cerrojo” al mando del “Gral. Brig. Alberto Daza Quezada”, el mismo que consiste en evitar la internación de vehículos indocumentados. (fs. 522 a 523 del anexo).
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulneradas
- a)
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
- I.2.3. Intervención del Ministerio Público
- denegó
- I.3. Consideraciones de Sala
- II.1.
- II.2.
- II.4.
- II.5.
- II.8.
- II.10.
- II.11.
- II.12.
- II.13.
- II.14.
- II.15.
- II.16.
- II.17.
- II.18.
- II.19.
- II.20.
- II.21.
- II.22.
- II.23.
- II.24.
- II.25.
- II.26.
- II.27.
- II.28.
- II.29.
- II.30
- II.31.
- II.32.
- II.33.
- II.34.
- II.35.
- II.37.
- II.38.
- II.39.
- II.40.
- II.41.
- II.42.
- II.43.
- i)
- III.1. De la acción de amparo constitucional y su naturaleza
- Fragmento 50
- , las autoridades demandadas vulneraron sus derechos al debido proceso y al principio de legalidad; mas bien, debieron expresar la causalidad existente entre los amplios hechos alegados y los derechos presuntamente lesionados, aspecto que no fue cumplido, tal cual es la exigencia prevista en el art. 97 de la LTC y la jurisprudencia constitucional citada en la presente Sentencia, sin que sea válido efectuar una relación de hechos y aisladamente citar los derechos vulnerados sin contractar la causalidad de los mismos
- el o los accionantes para acusar un acto ilegal lesivo de derechos fundamentales que se encuentren bajo la protección del amparo, es ineludible que aporte pruebas suficientes que demuestren la existencia del acto ilegal, caso contrario, no se tendrá la certeza sobre la infracción al derecho que se considera vulnerado, y en esas circunstancias, no es posible otorgar la tutela, en razón de que se estaría ante un posible fallo injusto contra el demandado, dándose por cierto un acto ilegal u omisión indebida cuando éste no ha sido demostrado.
- para que los actos u omisiones denunciados sean objeto de análisis y reciban la tutela que brinda el recurso de amparo constitucional, el recurrente o agraviado debe: i) Aportar los elementos de prueba suficientes en los que acredite y demuestre la existencia del acto y/u omisión denunciado de ilegal, y, ii) Acreditar que la autoridad o persona recurrida es la responsable del acto y/u omisión denunciado por haber tenido intervención y decisión. Sólo ante la concurrencia de estos supuestos, y de ser evidentes, podrá concederse la tutela solicitada, caso contrario, existe la imposibilidad de otorgar el amparo, toda vez que no puede dictarse una Resolución de procedencia, cuando no se constata la vulneración de derechos o garantías fundamentales
- 'En su desarrollo procesal, el art. 129.IV de la CPE señala que: «La resolución final se pronunciará en audiencia pública inmediatamente recibida la información de la autoridad o persona demandada y, a falta de ésta, lo hará sobre la base de la prueba que ofrezca la persona accionante. La autoridad judicial examinará la competencia de la servidora pública o del servidor público o de la persona demandada, y en caso de encontrar cierta y efectiva la demanda, concederá el amparo solicitado…'. Coherente con esta exigencia, complementando el procedimiento y requisitos en esta acción de defensa, cuando se refiere a los requisitos de la demanda de amparo, en el art. 97.V de la LTC, se señala que se debe adjuntar la prueba pertinente.
- para acusar un acto ilegal lesivo de derechos fundamentales que se encuentren bajo la protección del amparo, es ineludible que aporte pruebas suficientes que demuestren la existencia del acto ilegal, caso contrario, no se tendrá la certeza sobre la infracción al derecho que se considera vulnerado, y en esas circunstancias, no es posible otorgar la tutela, en razón de que se estaría ante un posible fallo injusto contra el demandado, dándose por cierto un acto ilegal u omisión indebida cuando éste no ha sido demostrado.
- es preciso que el recurrente o agraviado, por una parte, aporte los elementos de prueba suficientes en los que se acredite y demuestre la existencia del acto y/u omisión denunciado de ilegal, y por otra, ese agraviado también debe acreditar que en el supuesto acto y/u omisión es responsable la autoridad o persona recurrida por haber tenido intervención y decisión'.
- Fragmento 57
- Fragmento 58
- III.4. Análisis del caso concreto
- denegar
- CONFIRMAR