SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1139/2013-L
Fecha: 30-Ago-2013
II.5.
II.5. La ANB, emitió el informe final AN-GNFGC-DFOFC-124/11 de 30 de diciembre de 2011, respecto a la fiscalización aduanera posterior realizada a Mario Alberto Santa Cruz Avilés, de la Importadora Gnatus-Bolivia, en el cual después del análisis de los descargos presentados, se recomendó: 1) Notificar al interesado con el informe final de fiscalización; 2) Notificar a los terceros interesados con el informe final de fiscalización; y, 3) Remitir copia del informe y antecedentes a la Gerencia Regional Santa Cruz, a fin que la unidad legal de dicha Regional, efectúe el inicio del proceso aduanero correspondiente, por delito de contrabando y contravención tributaria por contrabando, para lo cual dispuso se emita las actas de intervención correspondientes (fs. 264 a 285).
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- concedió en parte
- I.3. Consideraciones de Sala
- II.3.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 10
- III.2.
- Por principio general, el juez de tutela está obligado a conferir solamente lo que se le ha pedido; esto muestra la enorme importancia que tiene el petitium de la causa, pues, el juez está vinculado a la misma; esto es, deberá conceder o negar el petitorio formulado…”
- Sobre el tercer requisito de contenido, previsto en el art. 77.6 de la LTCP, éste está referido a fijar con precisión la tutela que se solicita para restablecer los derechos y garantías restringidos, suprimidos, amenazados o vulnerados; relacionada, conforme a la doctrina y jurisprudencia constitucional, al petitium de la causa que debe estar formulado de manera coherente con los hechos descritos en la demanda de la acción; puesto que, de acuerdo a lo que se solicita, el juez o tribunal de garantías está obligado a conferir sólo lo que se ha pedido y así conceder o denegar la tutela; requisito que igualmente resulta de imprescindible cumplimiento, ya que el mismo debe ser expuesto de manera clara y vinculado tanto con los hechos como con los derechos supuestamente lesionados por la persona o autoridad demandada.
- III.3. Análisis
- Fragmento 15
- 2°